“Presentaron una propuesta rebuscada, con inexactitudes y hasta datos que no son reales. Así queda en evidencia quiénes vienen a calentar la banca”. Con esa frase, la concejal del FreJuPa, Leticia Embrici, desarmó el pedido de auditoría externa impulsado por La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio sobre la empresa Realicó en Desarrollo SAPEM. Lejos de evadir el tema, Embrici refutó punto por punto a la oposición: informó que la SAPEM ya está siendo auditada externamente por profesionales matriculados, expuso errores legales graves en la redacción del proyecto y dejó en evidencia la falta de conocimiento de quienes lo impulsaron, al confundir incluso la forma de designación de los directores. La sesión fue tensa, y también sacó a la luz incomodidades dentro del radicalismo local.
Locales01 de julio de 2025
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Mientras la oposición denunció supuestas irregularidades administrativas y apuntó al silencio del Ejecutivo municipal ante pedidos de informe, desde el oficialismo no solo descartaron el proyecto por falta de fundamentos, sino que elevaron el tono con críticas directas a la labor de los bloques opositores.
La concejal Leticia Embrici fue la principal voz del oficialismo en la defensa del rechazo. En una exposición cargada de contenido técnico y político, desestimó el proyecto por “errores graves” y apuntó sin rodeos contra quienes lo promovieron: “Este trabajo es irresponsable, contiene datos falsos y muestra una preocupante falta de seriedad legislativa. Queda en evidencia quiénes están acá solo para calentar la banca”, disparó.
Además de cuestionar las formas y el contenido del proyecto, Embrici se detuvo en explicar el marco legal que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como es el caso de la SAPEM local. Señaló que ya existen mecanismos de control legalmente establecidos —como la sindicatura, la asamblea de accionistas y la supervisión de Personería Jurídica—, y que los pedidos de la oposición invadían funciones específicas de estos órganos.
Detalló que Realicó en Desarrollo SAPEM se encuentra inscripta como persona jurídica independiente, con CUIT y número de ingresos brutos propios, y no administra fondos públicos, ya que solo percibe ingresos por trabajos facturados tanto a la Municipalidad como a terceros.
También remarcó que la sindicatura, órgano clave en estas sociedades, está compuesta por profesionales con título habilitante, como abogados y contadores, y tiene como función central controlar la legalidad de los actos de administración. “La sindicatura no solo revisa los estados financieros y la gestión económica de la empresa, sino que también tiene la obligación de denunciar irregularidades ante la asamblea o las autoridades competentes”, explicó.
Sobre la propuesta impulsada por la oposición, fue contundente: “Han presentado una propuesta rebuscada, con inconsistencias y datos que no son reales. Por ejemplo, mencionan que los últimos directores fueron Gambarrota y Pérez, designados por ordenanza, cuando en realidad esa propuesta nunca fue aprobada por este Concejo”.
Embrici aclaró que los últimos directores y síndicos aprobados oficialmente fueron Maximiliano Mengibar y Fernando Rezza como directores titulares, Marcelo Morales y Gerardo Gatica como suplentes, y como síndicos, Gabriela Villasboas (titular) y Santiago Trucco (suplente), todos designados mediante la resolución del Concejo N.º 14/29 del 2 de diciembre de 2019, firmada por los entonces concejales Claudio Gareis y Federico Bertone. Subrayó que la resolución posterior de 2022, que proponía cambios en el directorio, nunca fue aprobada por el cuerpo legislativo.
Embrici también defendió la actuación institucional del bloque oficialista: “El proyecto no cumple ni con los requisitos formales ni con el espíritu de una resolución. Lo que están intentando hacer, bajo el ropaje de la transparencia, es alterar funciones que no les corresponden”.
Finalmente, reveló que los ejercicios contables 2023 y 2024 de la SAPEM ya están siendo auditados de forma externa, y que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones legales. “No hay nada que ocultar. Lo que se está intentando es instalar una sospecha sin sustento, y eso solo perjudica la institucionalidad y confunde a los vecinos”, sostuvo.
El oficialismo logró aprobar por mayoría su propio despacho, que establece un plazo de 30 días para que los directores de la SAPEM —que representan las acciones municipales— informen al Concejo Deliberante sobre el estado de la empresa, tal como lo prevé la ordenanza vigente.
La votación terminó con el rechazo al proyecto de auditoría externa por cuatro votos contra tres.
¿Interna radical?
En ese contexto, la postura de los radicales que hoy integran el cuerpo deliberante y decidieron acompañar la iniciativa de La Libertad Avanza generó malestar en algunos sectores del propio radicalismo, ya que esa alianza circunstancial con el PRO y LLA contradice el posicionamiento histórico que defendía su referente local, el exconcejal Claudio Gareis, actual presidente del comité radical realiquense. La decisión de apoyar una propuesta cargada de chicanas y sin sustento jurídico —según denunció el oficialismo— lastima simbólicamente la figura de quien durante años ocupó una banca defendiendo el equilibrio institucional y el trabajo legislativo riguroso.
A la tensión se sumó un dato llamativo: la ausencia de la concejal radical Aixa Alvarado, quien no participó de la votación, en contraposición con Marcelo Grosso, también radical, que optó por alinearse con el PRO y La Libertad Avanza, consolidando un bloque opositor que no dudó en confrontar con fuerza al Ejecutivo municipal.
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