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El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado hoy a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa.
Nacionales05/07/2022
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La decisión fue del Tribunal Oral Federal 8 por mayoría que esta tarde dio a conocer la resolución por videoconferencia. Los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer votaron por la condena y la magistrada Gabriela López Iñíguez lo hizo por la absolución. El próximo 12 de julio a las 17 horas el tribunal dará los fundamentos de su decisión. Después de eso, la defensa de Moreno podrá apelar la condena para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.


La Fiscalía y las dos querellas había pedido, respectivamente, que el ex funcionario sea condenado a dos años y cuatro meses y a cuatro años prisión. La audiencia de hoy comenzó a las 9:20 cuando Moreno habló por última vez ante el tribunal.
“Ceo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”, le dijo el ex funcionario. Luego los jueces fijaron las 12 como la hora del veredicto. Pero recién se conoció pasadas las 14 horas.
“¿Casco o guantes? Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir”, dijo Moreno en la asamblea del 12 de agosto de 2010 que fue grabada.
Por ese caso llegó a juicio oral, que comenzó en abril pasado. En sus alegatos, el fiscal Marcelo Colombo pidió que Moreno sea condenado a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de amenazas para alarmar o amedrentar. Por su parte, las querellas que representan al diario La Nación y a Hernán Verdaguer, ex director de Papel Prensa, solicitaron una pena de cuatro años por amenazas y por perturbación al ejercicio de funciones públicas. Los acusadores entendieron que Moreno tuvo una actitud amenazante hacia el resto de los integrantes de la asamblea con la que no permitió que se vote uno de los puntos del encuentro.
Por su parte, la defensa de Moreno, a cargo del abogado Alejandro Rúa, pidió la absolución del ex funcionario. Explicó que no cometió el delito de amenaza porque no hubo consecuencias a futuro y que los cascos y los guantes se dio en un clima jocoso que no indicaba que se iba a llegar a la violencia física. También que no se perturbó la asamblea para evitar que se vote porque se trataba de un tema que debía resolver el juez comercial que tenía la causa de Papel Prensa.
El hecho por el que Moreno comenzó a ser juzgado ocurrió en el momento más duro de la pelea del entonces gobierno de Cristina Kirchner con el Grupo Clarín. El Poder Ejecutivo había impulsado la ley de democratización de los medios de comunicación que fue judicializada.
“Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se bancan lo que tengan que bancarse. Acá no se vota”, dijo Moreno en la filmación de la asamblea.





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En Estados Unidos no cayó bien la decisión de Javier Milei de suspender su participación en el sorteo del Mundial.

La confirmación llegó tras una jornada de fuertes rumores de salida.

La Cámara de Diputados volverá a reconfigurar su mapa político a partir de la decisión de tres legisladores de abandonar el bloque de Unión por la Patria. El movimiento, impulsado por representantes catamarqueños, deja al oficialismo de Javier Milei en una posición clave: pasa a igualar en número de bancas al peronismo y se encamina a consolidarse como la primera minoría del recinto.

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El jefe de Gabinete echó a José Rolandi y modificó el organigrama en Casa Rosada.







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El presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que el Tribunal de Cuentas de La Pampa determinara que utilizó recursos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. Según la resolución, ese gasto debía ser afrontado de manera estrictamente personal y no con fondos pertenecientes a la comuna.

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