


Médico sancionado por una falsa denuncia, pide su reincorporación
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En 2020, una enfermera manifestó su malestar a la dirección del Hospital Gobernador Centeno por el trato laboral y le apuntó al médico terapista, Ramón Montenegro. Según el relato de la mujer, ella no quería hacer la denuncia, pero fue “presionada” por Vianello para que la formulara.
La mujer se negó a hacer la denuncia penal, pero accedió a escribir una nota a la Dirección del Centeno, que luego fue elevada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la dirección. Allí se daba cuenta de una supuesta situación de violencia de género en el ámbito laboral.
La mujer se enteró por una citación de la FIA y decidió declarar ante un escribano que en el momento en que hizo el planteo estaba en una situación de “mucha inestabilidad emocional”, que acreditó con un certificado de salud mental, exculpando a Montenegro. Sin embargo, la dirección del Centeno desplazó al médico terapista y lo envió a trabajar en una posta sanitaria de General Pico.


Montenegro ejerció su defensa en la vía administrativa, ya que la denuncia penal fue desestimada por el testimonio posterior de la mujer, y pidió su reincorporación, que le fue denegada de manera sistemática. Pero, la situación cambió: en febrero de 2021 el sumario interno fue archivado por inexistencia de la falta laboral, pero todavía padece el castigo laboral y salarial.
A un año y medio de la culminación de la investigación administrativa del Ministerio de Salud, Montenegro reclamó “la incorporación al trabajo” y en una entrevista con el programa “Las Dos Verdades” que se emite de 17 a 19 horas por Radio Mitre Santa Rosa (100.9),
Además del reclamo laboral, Montenegro hizo una denuncia en la FIA por guardias activas pagadas y que en el registro del Centeno no figuran como realizadas: llevan un cuaderno diario donde cada médico firma el día que hace la guardia “y se puede ver que alguno cobró 20 guardias activas y ha firmado dos o tres”, finalizó el médico.
Fuente: Plan B Noticias.






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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.








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