Las defensas se opusieron a que el Ministerio Público concretara las réplicas porque entienden que se abre una puerta para sumar nuevos argumentos o enmendar errores
Nacionales31/10/2022
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El tribunal que debe resolver si condena o absuelve a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros doce acusados terminó de escuchar este lunes los alegatos de las defensas, pero decidió que habrá una segunda ronda de palabras entre la fiscalía y los acusados.
Es que el fiscal Diego Luciani podrá contestar algunos puntos planteados por las defensas, como el pedido de nulidad de una de las piezas claves de la acusación: las pruebas encontradas en el teléfono de José López, el ex secretario de Obra Pública condenado por enriquecimiento ilícito.
Los acusados se opusieron a que la fiscalía volviera a tomar la palabra: dijeron que era una manera de reeditar los argumentos de acusación. Pero los jueces consideraron que no se estaría respetando el principio de bilaterialidad.
El artículo 293 del Código Procesal Penal establece que terminada la recepción de las pruebas, los acusadores y los defensores deberán alegar. Y, terminada esa etapa, podrá haber réplicas, pero sólo limitada “a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos”.
Por eso las defensas entendían que Luciani no podía volver a hablar. Lo dijeron expresamente: era una puerta para que el Ministerio Pública pudiera “mejorar” sus argumentos o “enmendar” los errores que los acusados quisieron exponer cuando les llegó el momento de pedir sus absoluciones. Lo curioso es que todos hicieron el planteo antes de que la Fiscalía explicitara su voluntad de abrir la etapa de réplicas.
Los jueces Jorge Gorini, que presidía la audiencia; Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso pasaron a un cuarto intermedio. Y al retomar anunciaron que rechazaban los planteos de las defensas porque “omitir la opinión de la contraparte violaría el principio de contradicción y bilateralidad que se aplica en todos los juicios orales”
Fiscal Diego Luciani
El juicio comenzó en mayo de 2019. Se analizan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Para la Fiscalía se otorgaron de manera irregular, no se cumplió con las licitaciones, se otorgaron adelantos financieros fuera de la ley y la mayoría no se terminaron. Así, los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados. Las defensas de cada uno de ellos pidió su absolución. Los acusados son 13. Junto con Cristina Kirchner, Báez y el ex director de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti también están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y José López, ex secretario de Obras Públicos.
La audiencia de este lunes se inició con los argumentos de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez. A través del abogado que comparten, Miguel Arge Argeo, las defensas reclamaron la absolución al rechazar los argumentos de la fiscalía que había pedido sus respectivas condenas. Según sostuvo la defensa, en ese momento las obras no las pagaba Santa Cruz sino la Dirección Nacional de Vialidad, así que mal puede atribuirse el manejo de los fondos.
El fiscal Diego Lucini pidió para Villafañe, titular de la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) entre 2006 y 2007, una condena de seis años de prisión, y una de cuatro años para Santibáñez, quien fue presidente del directorio de la AGVP.
Alegato de la defensa de ex funcionarios de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez.
“Si a Villafañe se lo condena va a ser por ser un ferviente peronista y no por haberse quedado con un solo peso”, dijo Arce Ageo. “Volvemos a la edad media en materia de derechos y garantías. Si esta sentencia fuera condenatoria en base al principio de parasitación que plantearon los fiscales se entrega carta blanca a la persecución política sin restricción... Adiós al debido proceso (...) Son ustedes los que deben poner una barrera de contención a esta situación”.
“Santibañez es la prueba viviente de la inexistencia de esa organización criminal -añadió-. ¿Cómo los fiscales imputan a Santibañez el delito de administración infiel. ¿A qué erario los fiscales se refieren? Ni siquiera el imputado manejó fondos. Son deshilachadas expresiones del fiscal Luciani. No dice por qué Santibañes defraudó fondos, si no los manejaba”. El área provincial solo debía certificar las obras. “Mi defendido nunca pudo haber beneficiado a Lázaro Báez. ¿Qué administración fraudulenta y perjuicio de fondos se le puede imputar?”, agregó tras cuestionar la”estigmatización” que provocó este juicio en su cliente.
En uno de los tramos de su argumentación, Arce Argeo planteó que no podía darsele derecho a réplica a la fiscalía. “No corresponde. Ya hablaron, ya contestaron”, dijo. De esta manera, el abogado se adelantó a la discusión que se abriría apenas unos minutos después, cuando terminara la ronda de alegatos con sus palabras.
Lo mismo hizo el defensor Mariano Fragueiro Frías, defensor del expresidente de Vialidad en Santa Cruz, Héctor Jesús Garro. “No hay nada novedoso que justifique las réplicas” y “no corresponde y viola el derecho de defensa”, opinó Fragueiro Frías ante el TOF. Y añadió que el Ministerio Público no había dejado reserva del uso de ese derecho. También pidieron la palabra para adherir a los planteos de las defensas de Perotti, Báez, De Vido, Raúl Pavesi y Carlos Santiago Kirchner.
Quedaba claro: las defensas entendían que abrir una etapa de réplicas sería abrir la puerta a la prolongación de los alegatos.
El tribunal pasó a un cuarto intermedio. Al regresar anunciaron que como las defensa de José López y de Lázaro Báez reclamó la nulidad parcial del alegato fiscal, por ejemplo, el tribunal corrió vista para que la fiscalía responda sobre esos planteos y luego “de consideración pertinente” se evaluará la etapa de réplicas. El juicio se reanunadará el 14 de noviembre a las 9.30 con la palabra de Luciani.
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