Un organismo que depende de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal de la Nación afirma que desde hace 8 años hay más de dos centenares de personas que tienen vigente un pedido de detención, pero aun están en libertad.
Provinciales20 de febrero de 2023
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Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal de la Nación, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), desde 2015 a febrero 2023, es decir desde hace 8 años, hay 225 personas con pedido de captura vigente (orden de detención). Aquellos son buscados tanto en la provincia como en el país y el exterior.
Son más de dos centenares las personas que no han podido ser arrestados aún, más allá de la peligrosidad o no de los delitos cometidos y en muchos casos habiendo alertas tempranas de los sucesos acaecidos. Este sistema de identificación de personas pertenece al Ministerio de Seguridad de la presidencia de la Nación abarcando además a otros diversos tipos de delitos. Hay además 58 personas extraviadas y 23 con prohibición de salida del país.
Registro público.
El Sifcop es un sistema de registro, transmisión y consulta de información judicial vinculada a pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, paraderos por comparendo, personas extraviadas, habeas corpus, medidas restrictivas, pedidos de secuestros, alertas tempranas de prófugos/evadidos y robos vehiculares, disponible para las Fuerzas Federales, Cuerpos Policiales Provinciales, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Organismos del Estado Nacional con competencia en la materia las 24 horas, los 365 días del año.
A través del sistema se ha conformado una base de datos de carácter federal que canaliza y centraliza los requerimientos de la justicia de todos los órdenes que deban comunicarse a nivel nacional, lo que conlleva a una mayor agilidad e inmediatez en el cumplimiento de dichos mandatos judiciales, un circuito de comunicación organizado y mayor transparencia en la información.
Prófugos.
En 2015 el actual Ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa, en una entrevista en C5N dijo algo que parece corroborarse en La Pampa. Aquella vez dijo que "en la Argentina hay más personas con pedido de captura que detenidos". Aquel año, el líder del Frente Renovador compitió por la presidencia de la Nación.
Si bien en La Pampa hay en la actualidad una cantidad cercana a los 400 detenidos, la cantidad de personas con pedido de capturas vigente a la fecha sigue creciendo. En 2022 la cantidad llegó a las 52 personas; 34 en 2021; 27 en 2020; 30 en 2019; 11 en 2018; 22 en 2017; 29 en 2016 otras 5 personas con pedido de captura vigentes por la justicia provincial desde el año 2015 totalizando 225 individuos.
Según cifras oficiales, cada día se suman más a la lista de los nombres de aquellos prófugos. Pero al mismo tiempo se dan de baja otros tantos, lo que hace que la cantidad de buscados sea constante y muy volátil. El 50% de esos pedidos son por abuso sexuales agravados, delitos económicos como estafas, cheques sin fondos, quiebras fraudulentas o malversación de fondos, por ejemplo. El resto se reparte entre delitos contra las personas (homicidios, lesiones) y contra la propiedad, como robos y hurtos.
Buscados.
De los 225 prófugos vigentes con pedido de captura que figuran en el Sifcop no son los únicos buscados por la Justicia provincial (Ministerio Público Fiscal y otros organismos públicos). A esa suma hay que agregarle una ingente cantidad de registros sobre las que recae una "solicitud de paradero": chicos que se escaparon de su casa o se perdieron, mujeres y hombres que abandonaron su hogar o están desaparecidos y testigos que fueron citados pero nunca se presentaron. En realidad son 13 los ítems. Los más relevantes son además de los pedidos de capturas/detención lo que refiere a las personas extraviadas y no encontradas aún (58) y también 23 personas con prohibición de salida del país. Aquello van desde los pedidos de captura de prófugos (evadidos) de la cual trata este informe como también Habeas Corpus; Medidas restrictivas; pedidos de secuestro vehicular y por el secuestro de armas respectivamente. No solo sale por los partes oficiales de la policía y desde el MPF sino también desde otros sub organismos de la provincia de La Pampa tales como: Área Trata de Personas; Brigada de investigaciones UR-I y UR-2; Centro de Comunicación de 25 de Mayo; Comisaría de Macachín; Convenio Policial Argentino; Coordinación Operativa de lucha contra el narcotráfico; Departamentos Judiciales D-5; Dirección Nacional de Tecnología; División sustracción de automotores; Puesto caminero Padre Buodo; Subcomisaria de Quehué; Terminal de Ómnibus de General Pico y toxicomanía de la misma localidad norteña.
Gentileza: La arena
La obra apunta a mejorar la seguridad vial, potenciar el desarrollo productivo regional y brindar una alternativa a la colapsada Ruta Nacional 35. La inversión supera los $6.000 millones y el plazo de ejecución es de 18 meses.
La Reserva Provincial Parque Luro tendrá acceso a agua potable por primera vez desde su creación. Esta obra clave impulsará el turismo, fortalecerá la conservación ambiental y mejorará la infraestructura del área.
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Autoridades del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) realizaron nuevas jornadas informativas sobre el programa "Llegar a Casa", que otorga 700 créditos para la construcción de viviendas en terrenos propios. Estas instancias buscan acercar información y facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de reducción del financiamiento nacional.
Finalmente tras la denuncia pública sobre lo ocurrido con la ofrenda floral, pudimos conocer mediante los registros de videovigilancia que fueron dos perros los que se llevaron la ofrenda floral del monumento a Veteranos y Caídos en la gesta de Malvinas.
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Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó trató un despacho de la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, a partir de una nota presentada por vecinos que residen sobre calle Constitución, en la zona próxima al Colegio Parroquial. El municipio ya recibió pedidos similares de otros sectores, pero evalúa con cautela la instalación de reductores debido a su alto costo (alrededor de $1,5 millones por unidad) y a los inconvenientes que generan en el sistema de emergencias, además del daño que pueden provocar en el pavimento y en los vehículos.
