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La magistrada dio por probado que el acusado, de 37 años, “agredió sexualmente, en reiteradas oportunidades, a su hija desde que era una niña de siete años hasta su llegada a la adolescencia a los 13”; añadiendo que los hechos ocurrieron en “el interior de la vivienda donde convivía el grupo familiar”.
En otro párrafo del fallo, Ongaro señaló que “el último de los hechos padecidos por la víctima se produjo el 1 de diciembre del 2021 y constituyó el disparador para que ella develara –a pocas horas de producirse la última de las agresiones–, la situación abusiva a la que fue sometida por su padre durante aquellos años”.
La jueza terminó condenando al imputado a 10 años de prisión como autor de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante –por las circunstancias de su realización– y abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el ascendiente de la víctima, hechos ocurridos entre los 7 y 13 años de la niña; todo ello como delito continuado, siendo los hechos valorados en el marco de las leyes 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres, y 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Además Ongaro le mantuvo al padre el arresto domiciliario, con control de dispositivo electrónico, hasta que la sentencia quede firme.
El fiscal Walter Martos había requerido una pena de 12 años, a la que adhirió la querella –representada por la defensora oficial Carolina Muñoz–; mientras que el defensor particular del acusado, Gastón Gómez, alegó por la absolución.
Para fijar la pena, Ongaro valoró como agravantes la edad de la víctima, más teniendo en cuenta que las agresiones comenzaron cuando tenía siete años, por lo que “la colocó en un extremo de vulnerabilidad”; las “secuelas traumáticas que se han proyectado en su psiquis”, teniendo en cuenta especialmente la extensión en el tiempo de los abusos; y “las consecuencias directas e indirectas que ellos tuvieron en la vida de la adolescente”.​
