Fonseca se opuso a la designación de un nuevo funcionario y cuestionó reformas en el procedimiento judicial laboral

En relación a la designación de Horacio Jorge Labegorra en el cargo de vocal del directorio de la Dirección provincial de Vialidad, Fonseca en el recinto expresó, “nuestro voto es negativo ya que no vamos a atribuir a esta sola persona aspectos que entendemos objetables en el desenvolvimiento de la conducción desde el Poder Ejecutivo y específicamente desde la dirección política de Vialidad .” 

Argumentó que “Vialidad  provincial es uno de los actores institucionales obligados a la seguridad vial, esto implica  el mantenimiento de caminos pavimentados y de tierra, que están en un estado deficitario, afectando significativamente la vida y todo el sector productivo del interior de la provincia" y agregó "legislación vigente determina que en caso que un  municipio en el ejido que le  corresponda no cumpla con el mantenimiento de caminos, para los cuales cobra una tasa , lo tiene que  realizar Vialidad provincial, esto no se está haciendo.” 

“Se desconoce si se han reunido Consejo Provincial de Seguridad Vial, donde no solo está el Ministerio de Seguridad sino también la Dirección Provincial de Vialidad y todos los Municipios, tienen obligaciones  en la prevención de los siniestros de tránsito, otro ejemplo de  incumplimiento es  el mantenimiento de la infraestructura vial, donde la falta de control en el sobrepeso de los camiones está destruyendo permanentemente los caminos ”, explicó la funcionaria legislativa.  

Además cuestionó la designación por vínculos familiares “No desconocemos las vinculaciones políticas sea a través directa de  su hermana, Elsa Labegorra como jefa de campaña,  pero es el momento que tenemos que entender el mejoramiento de políticas públicas en términos de garantizar la idoneidad  de las personas que estén en un cargo , en este caso de Vialidad provincial  priorizando el derecho de la ciudadanía.” 

En relación al proyecto por el que se aprobó el listado de conjueces y funcionarios ad-hoc para el año 2023, la diputada manifestó, “este acuerdo que hoy están enviando para su aprobación en la legislatura es inválido, pues hay varios aspectos negativos para la institucionalidad de nuestra provincia.” En primer lugar el Poder Judicial de la Pampa se integra de una sola manera, que está determinado por el artículo 92 de la Constitución,  no hay métodos alternativos, excepcionales, transitorios, ni sustitutos. Por ello nos preguntamos ¿quién va a cuidar la Constitución, que no haya nadie que la viole, que altere el sistema republicano, a partir de una administración de justicia independiente? en esta provincia quien tiene competencia originaria sobre todos esos temas principalmente es el Superior Tribunal de Justicia, pero en esta gestión gubernamental y en la anterior, nos encontramos que el cumplimiento de la Constitución se ha tornado prácticamente optativo.” 

“Ahora nos envían para aprobar este acuerdo y ponen en sus fundamentos que lo hacen según determina el artículo 151 de la ley Organiza del Poder, el Judicial, el que se encuentra incumplido, y esto lo manifiesto con la salvedad de las personas matriculadas que integran de manera involuntaria la lista.” 

Sobre la aprobación del proyecto de ley sobre una nueva norma que regule el procedimiento judicial laboral, Fonseca expresó “quisiera expresar la importancia de actualizar la legislación;  pero no puedo dejar de advertir la omisión  del pedido de  nuestro bloque Comunidad Organizada  para que la Universidad de La Pampa participe, que incluso fue uno de los pilares en su redacción. No puede faltar la institución que forma e instruye con actualizaciones a quienes luego van a ejercer, manifestar la falta de convocatoria también a las organizaciones sindicales, para que con su experiencia y también la del aporte técnico jurídico puedan sumar fundamentalmente a la optimización del debate legislativo de mayor profundidad.” 

Indicó que “En este debate legislativo no se ha tenido en cuenta el Convenio 190 de la OIT  ( Organización Internacional del Trabajo) , ratificado por nuestro país  en el año 2020 y en vigencia desde febrero del año 2022, sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.” 

Fonseca recordó “Nuestra provincia después muchos años, sigue en una discriminación negativa de carácter político institucional sin tener juzgados laborales en el inmenso territorio aledaño a la ciudad de General Acha, de 25 De Mayo; para un trabajador que tiene que recorrer cientos de kilómetros para ejercer sus derechos, en muchos casos eso implica la pérdida de los mismos.”  

“Se habla de modelos de país, de ampliación de derechos,  aparte de la verborragia política, este es una oportunidad fundamental de carácter legislativo para tornar en derechos accesibles, que es fundamental a la justicia, el indubio pro-operario,   el que siendo el trabajador la parte más débil de esa relación jurídica, es al que se le deben dar mayores garantías para ejercer sus derechos”, dijo en el recinto legislativo pampeano.  

Para finalizar Fonseca expresó “ nuestro voto es  negativo, por entender que es insuficiente, ilimitado, y en algunos aspectos discriminador para los derechos del sistema laboral y que lejos de aumentar las garantías del más débil - el trabajador-, las  perjudica en demasía; por ello instamos nuevamente al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos para que consideren estos aspectos y se motorice una adecuación de la legislación a la realidad.”