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La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio puso bajo la lupa cientos de denuncias de jubilados que habrían sido estafados mediante débitos automáticos no autorizados por montos menores a $600, a nombre de la empresa de cobranzas EPICO S.A.
Se detectaron más de 300 denuncias online, en su mayoría de los últimos días, aunque algunas se remontaban hasta un año atrás.
Las denuncias fueron realizadas por jubilados que notaron esos débitos en sus cajas de ahorro, además de que el tema tuvo especial repercusión en el sitio de reclamos (no oficial) Defensadelconsumidor.com.ar.
Los descuentos se hacen por sumas menores, pero afectan a muchas personas, para poder seguir haciéndolo de modo sistemático sin que el descuento indebido sea detectado.
Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), al mando de Horacio Azzolin, confirmó que estaban investigando los débitos no autorizados y que durante esta semana habían compilado varios casos.
Si bien la empresa EPICO S.A. desligó su responsabilidad, se pudo confirmar que el tema está bajo investigación, de acuerdo a lo informado por una entidad bancaria con sede porteña, que hasta el martes había recibido alrededor de 40 reclamos de sus clientes.
Según explicaron desde la entidad bancaria, "la operatoria de la empresa es totalmente legal, ya que ejecutan débitos para otras empresas. Pero, ante los reclamos de alrededor de 40 clientes, se devolvió el dinero -como la normativa indica- y hasta aclarar qué ocurre, si es una estafa o un error, se bloquearon los débitos de la empresa, preventivamente".
Fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguraron que el organismo no sufrió ninguna vulneración informática que podría significar la filtración de los datos bancarios de jubilados y rápidamente señalaron que no tienen responsabilidad en los descuentos realizados por EPICO, aunque admitieron estar haciendo un relevamiento de casos.
Asimismo, desde la ANSES descartaron las potenciales estafas con el reciente hackeo que sufrió el PAMI, donde a principios de agosto se vulneraron los datos de salud de hasta 5 millones de afiliados. La justificación es que la mayor obra social del país no contaba con bases de datos relativas a la bancarización de los adultos mayores.
La respuesta de EPICO S.A.
Desde EPICO S.A, empresa nacida en 2013 que ofrece servicios de “recaudación inteligente de cobranzas recurrentes", se desligaron de la situación. Sin embargo, reconocieron la existencia de un problema y aseguraron haber tomado cartas en el asunto.
La compañía afirmó realizar cobranzas para terceros, como un intermediario, y detallaron la empresa a la que prestan servicios: Adsus Almoño G y asociados SA. Esta compañía “formalmente nos ha encomendado la gestión de cobro de diversos créditos”, apuntan.
Asimismo, confirmaron que en estos dos últimos días recibieron "una importante cantidad de denuncias” en las páginas web www.defensadelconsumidor.com.ar y www.tuquejasuma.com “por usuarios que desconocen los débitos realizados”.
Luego explicaron que “dentro del universo de las cobranzas gestionadas y realizadas por cuenta y orden de Adsus, hay una parte de cobranzas gestionadas cuya titularidad ostentan otras empresas y/o entidades: Atrium S.R.L., Capital Service y Mutual Maria Eva, todas clientes de Adsus y no de EPICO”.
Por último, EPICO aseguró haber informado de manera inmediata a su cliente sobre la situación ocurrida y le solicitó todos los documentos que avalen la operatoria y el crédito reclamado.
Adsus es una empresa radicada en Capital Federal que, según dice en su web, se dedica a gestionar los cobros de sus clientes. Las otras compañías que apunta EPICO serían clientes de Adsus. Por un lado, Atrium SRL, prestamista de Neuquén; además, Capital Service, que en la página CUIT Online figura como sociedad de bolsa; y, finalmente, Mutual María Eva, que opera servicios turísticos, asistencia médica y asesoramiento financiero en varias provincias.
Qué hacer ante una estafa bancaria
Los damnificados por débitos no autorizados pueden denunciar sus casos a la Defensoría del Pueblo, la dirección de Defensa del Consumidor o a la fiscalía zonal.
Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recomienda que en caso de detectar “un débito en cuenta no convenido o pactado” se puede pedir la reversión (esto es, la devolución) y reclamar “ante la empresa que originó tal débito”.
“Si la empresa no responde a tu reclamo vas a poder presentarlo ante el Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que lo derivará al organismo local correspondiente para su tratamiento. Recordá que podés solicitar la baja definitiva del débito indistintamente ante la entidad financiera o la empresa receptora de los fondos”, explica la web del Central.
Ante una estafa bancaria o realizada a través de los bancos y cuando una persona desconoce la causa de un débito, puede recurrir a los siguientes correos electrónicos de cada entidad, y ésta tiene 10 días hábiles para responder. Si el reclamo no es resuelto, el afectado puede recurrir al Banco Central.
En la dirección de defensa del consumidor señalaron que este tipo de problemas se agravaron mucho en los últimos diez años, debido a la facilidad con que se puede acceder a bases de datos de, por ejemplo, préstamos personales, para los cuales no hay muchos controles de documentación. “Lo único que se necesita son datos mínimos de la cuenta bancaria, que se pueden obtener a partir de la contratación de cualquier servicio”, indicaron.
