La oposición cuestionó el tarifazo para los vecinos de Santa Rosa

Este martes los bloques opositores se reunieron con el Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia, Pascual Fernández, para plantear su rechazo e inquietud en cuanto a la nueva ordenanza fiscal 2024, la cual establece un nuevo esquema tarifario para la tasa de Seguridad e Higiene en Santa Rosa. Según los diputados presentes, la nueva normativa, al contemplar que dicho tributo sea liquidado por los sujetos pasivos sobre los ingresos brutos devengados mensualmente,  puede recaer en situaciones de regresividad impositiva. En su reemplazo, propusieron al ejecutivo una revisión estratégica para garantizar el desarrollo local sin imponer cargas económicas desproporcionadas y trámites adicionales. 

Participaron de la reunión los presidentes de Bloque de la oposición,  por Comunidad Organizada la diputada Sandra Fonseca, por la UCR el diputado Hipólito Altolaguirre y por el bloque Pro-MID la diputada María Laura Trapaglia. Estuvieron presentes también el diputado Maximiliano Aliaga y la concejala Fabiana Castañeda de Comunidad Organizada y los concejales Romina Pacci y Diego Camargo de la UCR. 

Al salir de la reunión los representantes de la oposición manifestaron de manera conjunta: “Hoy le expresamos al Ministro la necesidad de dar marcha atrás con la tarifaria, que es un verdadero tarifazo para los santarroseños. Consideramos que  debe derogarse el artículo 9º de la Ordenanza Tarifaria 2024 y su consecuente Anexo III, el cual establece la liquidación de la tasa de seguridad e higiene en base a ingresos brutos. Asimismo, que se restablezca el artículo 58 de la Ordenanza N.º 6826 “Tarifaria 2023” en lo referido a la liquidación de la tasa de seguridad e higiene, con su respectiva actualización inflacionaria”. 

Y agregaron: “si bien en el Anexo III se pretende hacer referencia a grandes contribuyentes, no se define claramente quienes quedarían dentro de dicha definición. Adicionalmente, se observa la inclusión de pequeños monotributistas, lo cual resulta perjudicial para el crecimiento económico. También, los contribuyentes enfrentarán la obligación de presentar una declaración jurada a la municipalidad, generando trámites más engorrosos y gastos adicionales. La falta de precisión y la imposición de cargas tributarias desproporcionadas impactan negativamente en el desarrollo local”. 

Los bloques opositores relataron que la cuestión de la ordenanza tarifaria fue cuestionada precisamente por los propios Concejales de Santa Rosa, que preocupados por la sanción de la normativa y al no ser escuchados por el intendente local Luciano Di Nápoli, pidieron a los diputados provinciales que intercedan, solicitando audiencia al ministro Fernández para que este articule entre las partes. 

Recalcaron además, que esta situación genera un muy mal precedente, dado que puede generar un efecto cascada con otros municipios, que al ver una merma en su coparticipación tomen una actitud similar con sus propios tributos: “esto no sólo carece de un enfoque estratégico, sino que también agrava las dificultades financieras de quienes buscan mantener o desarrollar sus actividades comerciales en tiempos adversos. El objeto de una tasa municipal de seguridad e higiene debería centrarse en cobrar por los servicios prestados, al margen de los ingresos brutos devengados mensualmente.”

Enfatizaron: “La acumulación de gravámenes no sólo resulta en una carga financiera considerable para el contribuyente, sino que también puede desincentivar la inversión y la actividad económica, afectando el desarrollo comercial y la capacidad de generación de empleo”.

Por otro lado los legisladores le expresaron también al Ministro la preocupación por la situación catastrófica en que varios intendentes de la oposición se encontraron al tomar la gestión de los municipios para pagar los aguinaldos, estado de parque automotor, nombramientos de personal en el último año de gestión. 

El Ministro escuchó atentamente, y coincidiendo  que un buen diálogo entre la oposición en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, va a favorecer el normal transcurrir y desarrollo de actividades los próximos 4 años, ya que se da la inédita situación desde 1983 a la fecha que el oficialismo no cuenta con una mayoría automática para poder tratar los distintos temas que se tratan y que son inherentes a la Cámara de Diputados.