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“Es necesario -dijo- que el Congreso reaccione enérgicamente respecto del gravísimo avance sobre derechos constitucionalmente y convencionalmente reconocidos y sobre las competencias propias de este Poder Legislativo que ha significado el reglamento del uso de armas de fuego por las fuerzas federales de seguridad”.
“En primer lugar, cabe describir los aspectos más ilustrativos de la evidente inconstitucionalidad en la que ha incurrido la resolución de la ministra (Patricia) Bullrich”, dijo. “Este reglamento permitiría que se legitimen actuaciones policiales en las que se afecte la integridad física o incluso la vida de ciudadanas y ciudadanos, sin anclaje alguno en una norma escrita. alerta sobre el riesgo que significaría la vigencia de una resolución que en dos segmentos dispone que los supuestos en que se podrá hacer uso de armas de fuego podrían no acotarse a los que prevé el reglamento. Con similar o peor gravedad, la disposición deja librado a la interpretación del agente qué movimientos indicarían la inminente utilización de un arma, habilitando amplios márgenes de discrecionalidad que, no es necesario aclarar, pueden derivar lisa y llanamente en arbitrariedad”, dijo Durango.
“Queda librada la vida de las y los ciudadanos a lo que interprete el agente por inadecuado, en el marco de un proceso decisional que puede insumir sólo fracciones de segundo y en situaciones límite”, manifestó.
Gentileza: Diario textual
