Un conocido vecino piquense, responsable de una institución que trabaja con personas con discapacidad, quedó imputado esta mañana en una investigación de abuso sexual que tramita la Justicia de General Pico.
Provinciales13 de marzo de 2024
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La causa tiene la particularidad que se inició a partir de una denuncia que realizó la intendenta Fernanda Alonso, tras algunos mensajes que le llegaron dando cuenta de ciertas irregularidades en el conocido centro. Desde la Justicia pidieron no difundir la identidad del imputado ni el nombre de la institución, a fin de preservar a las supuestas víctimas.
Según pudo averiguar LA ARENA de fuentes judiciales, la jueza de control de General Pico, Jimena Cardoso, le formalizó una investigación fiscal preparatoria al imputado, por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de dos mujeres con discapacidad que concurrían al centro del que es responsable.
Debido a la edad del imputado (tiene 75 años), la jueza le dictó el arresto domiciliario por el plazo de 90 días. Durante ese tiempo se realizarán entrevistas en Cámara Gesell y se tomará declaración a diferentes testigos. Además, según lo determinó la magistrada durante la audiencia de ayer, se hará una pericia del teléfono celular del acusado, que ya quedó secuestrado en el marco de la investigación.
De la audiencia que se llevó a cabo ayer a la mañana en los tribunales piquenses, participó la fiscala Andreina Montes, de la Fiscalía Temática de Delitos de índole sexual y el defensor privado Ramiro Llanos.
Investigación.
Según pudo averiguar este diario, hasta el momento habría dos víctimas, aunque las fuentes consultadas no descartan nuevas denuncias contra el imputado.
“Podría haber más víctimas, por lo pronto son dos, aunque podría llegar una denuncia en los próximos días”, indicaron.
En esta etapa inicial de la investigación penal, se le imputa al acusado, el delito de Abuso sexual con acceso carnal.
La causa se inició a partir “de una puesta en conocimiento que hizo la intendenta (Alonso)” sobre mensajes que le llegaron por teléfono. Tras ello, se sumó la denuncia de una mujer que trabajó en el centro que dirige el imputado y que refirió hechos similares a los de la primera denuncia.
La Fiscalía busca “precisar en qué fecha ocurrieron los hechos” para saber si las presuntas víctimas, al momento de los mismos, eran mayores o menores de edad.
Tras la audiencia de ayer, se realizarán las medidas probatorias que fueron dispuestas por la jueza Cardoso, como las entrevistas en Cámara Gesell a las presuntas damnificadas y el análisis del teléfono celular que fuera secuestrado.
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