Milei confirmó que vetará la ley de Financiamiento Universitario

El Senado aprobó de madrugada este jueves el proyecto de aumento a las universidades nacionales, que es rechazado por el oficialismo, con el argumento de que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

Ese aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante ese periodo.

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las universidades nacionales.