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De acuerdo al documento, se tratan de "excusas del Banco de la Nación Argentina para justificar vaciamiento, despidos y privatización y de una decisión burda, irracional y sin fundamentos". Además desde la gestión del gobernador Sergio Ziliotto aseguran que "Es un ataque más a este Gobierno, un nuevo intento de extorsión. Sólo por estar en contra de este modelo económico de concentración de la riqueza en pocos y empobrecedor de las mayorías. Y, lo peor, por reclamar que nos devuelvan lo que nos quitan ilegalmente".
Desde provincia manifiestan que "se escudan en un incremento tributario, transitorio por 4 meses, para justificar toma de decisiones que van más allá de la coyuntura: eliminar estructuras y amenazar con despidos. No quedan dudas que subyace la verdadera causa y es la decisión de privatizarlo y despedir personal, como ya lo anticiparon y obran en consecuencia desde la asunción del actual Gobierno nacional. Esa intención privatizadora fue incorporada en el proyecto de Ley Ómnibus que, aunque naufragó en el Congreso Nacional, fue lamentablemente impulsada por legisladores pampeanos".
"Los propios datos que brinda el Banco Nación marcan la irracionalidad de la medida".
Por otra parte refutan los argumentos esgrimidos desde la entidad financiera de tener que pagar 350 millones más que lo habitual y desde la provincia afirman que eso contrasta con la ganancia que el propio Banco tuvo en el primer semestre del año: 2,5 Billones de pesos. "Pareciera que esa caída ínfima y transitoria de sus ingresos lleva a la entidad a la bancarrota. No hablaría bien este dato de la capacidad de quienes lo dirigen".
En tal sentido denunciaron que "la apropiación ilegal de nuestros recursos por parte del Gobierno nacional es 200 veces mayor que esa suma. Nos deben 70 mil millones de pesos. Si no se hubieran quedado con nuestros recursos, no habríamos tomado esta medida de emergencia para garantizar comida a familias vulnerables".
Mas adelante el comunicado oficial agrega "Ante esa falta de fundamentos caen en la incoherencia de intentar sumar perjudicados. Mencionan una eventual decisión de trasladar a sus clientes este incremento transitorio. Entonces, ¿habría perjuicio para las finanzas del Banco? ¿O suman otra insensatez para justificar vaciamiento, despidos y privatización?"
Desde la administración de Ziliotto concluyen que "esta decisión va en franca contradicción con su demanda ante la Corte Suprema de Justicia por considerar inconstitucional la Ley Provincial Nº 3.582. Sin que haya pronunciamiento judicial alguno, hoy toman decisiones asumiendo competencias que no les corresponden. No sorprende este desapego a la división de poderes que consagra la Constitución Nacional por parte del Gobierno nacional".
