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El gobierno de Javier Milei avanza con un polémico plan de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluye despidos masivos, jubilaciones forzadas y la venta de más de 27 mil hectáreas de tierras pertenecientes a estaciones experimentales en todo el país.
El "Plan de acción comercial" busca implementar este recorte entre 2024 y 2027, con subastas y arrendamientos que abarcan 24 inmuebles en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Una de las mayores ventas proyectadas es de 6.505 hectáreas en Santiago del Estero.
Gremios como ATE y Apinta denunciaron despidos de hasta 1.500 trabajadores y cuestionaron la intervención liderada por Nicolás Bronzovich, nuevo titular del INTA y afín a las políticas de la gestión. El delegado José Luis Perea advirtió sobre un "desguace" del organismo y llamó a marchar el 28 de noviembre durante una sesión clave del Consejo Directivo, integrado por entidades de la Mesa de Enlace.
La Federación Agraria propuso alternativas para evitar la venta de terrenos, mientras que otras entidades mantienen un perfil bajo en el conflicto. La creciente tensión podría generar nuevas fricciones entre el sector agropecuario y el Ejecutivo, en un contexto ya marcado por debates sobre retenciones y el tipo de cambio.
