Condenaron a una empleada municipal por apropiarse de tarjetas sociales

Una empleado de la Municipalidad de General Pico fue sentenciada a dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras apropiarse de tarjetas sociales destinadas a beneficiarios vulnerables.

Regionales04 de diciembre de 2024INFOtec 4.0INFOtec 4.0
jueza control
La jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso.

GENERAL PICO | En un juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso, condenó a Vanina Verónica Quiroga, de 44 años, por el delito de fraude contra la administración pública. La exfuncionaria municipal recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cualquier cargo en la administración pública provincial o municipal en La Pampa.

Quiroga fue acusada de retener y utilizar para su propio beneficio tarjetas sociales asignadas a personas en situación de vulnerabilidad. Según la investigación, como empleada pública de la municipalidad de General Pico, recibió tres tarjetas destinadas a beneficiarios específicos, pero nunca las entregó. En cambio, las usó para realizar compras personales, perjudicando económicamente al Estado provincial y a los destinatarios legítimos.

El fallo, basado en pruebas como informes del Ministerio de Desarrollo Social y movimientos transaccionales de las tarjetas, resalta que Quiroga no solo incumplió con sus deberes como empleada pública, sino que también engañó al sistema de asistencia social. La magistrada señaló que su accionar evidenció una intención deliberada de apropiarse de recursos destinados a los más necesitados.

Además de la condena, se le impusieron reglas de conducta, como fijar domicilio, notificar cualquier cambio y someterse al control de la unidad de supervisión penal durante dos años. La defensa de Quiroga aceptó el acuerdo presentado por los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, quienes detallaron las transacciones fraudulentas realizadas por la imputada.

La jueza Cardoso enfatizó que el acuerdo entre las partes limita la imposición de penas, pero aseguró que la sanción refleja la gravedad del acto y su impacto en la confianza pública.

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