fraude

La Justicia pampeana dictó penas de prisión efectiva y en suspenso para dos imputados que reconocieron su participación en el delito. Un tercer sospechoso aún no fue acusado. La víctima entregó 10.000 dólares y nunca recibió el vehículo.

Una empleado de la Municipalidad de General Pico fue sentenciada a dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras apropiarse de tarjetas sociales destinadas a beneficiarios vulnerables.

Yésica Carolina Muñoz fue condenada hoy a tres años de prisión en suspenso, en el marco de un juicio abreviado, por ser autora del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha (Cosega). Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que existe un convenio por el cual la imputada se comprometió a devolver 20 millones de pesos.

A través de una carta, el docente piquense Maximiliano Sebastián Pereira le comunicó a la secretaria general de Utelpa, Rosana Gugliara, su decisión de desafiliarse del gremio. Argumentó que por "principios éticos, morales y políticos" ya no se siente identificado con la nueva dirigencia. Señaló que se siente excluido por no ser convocado a las reuniones a pesar de que es vocal suplente y aseguró que fue "testigo del fraude electoral" que ocurrió el año pasado en la Seccional Santa Rosa.  

La Mesa provincial de la UCR expresó mediante un comunicado de prensa preocupación por la situación que envuelve al principal gremio docente de La Pampa en lo que fueron las elecciones de autoridades denunciadas por supuesto fraude que derivaron en la presentación de una cautelar que no permitirá la asunción de la nueva conducción. "Burlar el resultado de las urnas sólo arrojará ilegitimidad sobre la nueva conducción de UTELPA" sentenciaron.

Raffaele Mincione, quien fue anteriormente asesor financiero de la Secretaría en el Vaticano, alega que la Santa Sede no mostró evidencia de sus presuntas irregularidades y fue ante los tribunales británicos, que investigarán el caso.

En una localidad ubicada al norte de la capital provincial, una candidata opositora aseguró que además hubo sobres firmados por “personas que no eran fiscales”

El acuerdo fue presentado por el fiscal general Armando Agüero, la defensora particular Pamela Manera y la propia imputada. La pena es de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para obtener y desempeñar cargos y funciones como agente en la administración pública.

El juez federal procesó a casi un centenar de jefes comunales por un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos. El actual intendente de La Adela y candidato a la reelección por la unidad del PJ en esa localidad, Juan Ramón Barrionuevo, es uno del casi centenar de intendentes de todo el país procesados ayer en una mega causa por la presunta malversación de fondos.