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En 2016, esta operadora firmó un contrato de prórroga de concesión en el que se comprometió a realizar inversiones por casi 600 millones de dólares y perforar al menos 115 nuevos pozos. A cambio, se mantuvo una alícuota del 35% de regalías para La Pampa, la más alta del país. Sin embargo, los compromisos adquiridos no se han cumplido, ya que no se ha informado adecuadamente sobre la producción ni se han realizado los balances anuales correspondientes. Esta falta de transparencia ha generado serias dudas sobre el estado real del área.
“Desde la renegociación del contrato, la empresa no ha cumplido con sus obligaciones de informar sobre la extracción de hidrocarburos ni de rendir cuentas a la Cámara de Diputados. El área ha perdido pozos y su producción ha disminuido, además de que persisten serias preocupaciones sobre el daño ambiental”, manifestaron los diputados Fonseca y Aliaga.
Además, se ha cuestionado la "Mesa de Trabajo El Medanito", convocada por el gobernador Ziliotto con el objetivo de prorrogar la concesión por 10 años más a la misma operadora. La mesa estuvo compuesta principalmente por funcionarios cercanos al gobernador, incluidos aquellos encargados de realizar las auditorías de la explotación. Sin embargo, no se presentó ninguna información relevante a la Cámara de Diputados.
A raíz de la frustración de este intento de prórroga, sectores del oficialismo vinculados al exgobernador Carlos Verna propusieron una licitación pública, buscando mayor transparencia en el proceso. No obstante, se subraya que antes de avanzar con la licitación, es esencial conocer el estado actual del área "El Medanito" para evitar tomar decisiones apresuradas que desconozcan posibles problemas operativos, ambientales y económicos.
“Las maniobras de ocultamiento y los acuerdos oscuros que marcaron la gestión de la UTE entre Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Pampetrol deben terminar. El petróleo pampeano tiene que dejar de ser un recurso oscuro y convertirse en un beneficio genuino para todos los pampeanos”, señalaron los diputados.
Por ello, Fonseca y Aliaga han solicitado una licitación pública para contratar una auditoría internacional imparcial que determine el estado real del área. Los resultados de esta auditoría, afirman, deben ser compartidos con la sociedad pampeana sin limitaciones, para garantizar la transparencia y el uso adecuado de este importante recurso.
“Exigimos que se escuchen todas las voces del pueblo pampeano, no solo las de algunos diputados, sino también las de los representantes municipales, quienes deben tener poder de decisión sobre los recursos de la provincia. Queremos una licitación pública, con auditorías permanentes, para que el petróleo pampeano sea un beneficio real para todos los pampeanos”, concluyeron.
