El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, representante de Juntos por el Cambio, fue citado a declarar en los Tribunales de General Pico en el marco de una investigación judicial. Se lo acusa de haber omitido la inclusión de una sociedad comercial en su declaración jurada, la cual registra más de 174 cheques rechazados por un monto que supera los 300 millones de pesos, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Judiciales17/01/2025
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La audiencia tuvo lugar en la mañana de ayer y estuvo a cargo del fiscal general Armando Agüero, acompañado por el fiscal adjunto Matías Juan, especialistas en delitos económicos. Salvadori acudió a los tribunales acompañado de su abogado defensor, Hernán Salomone, y brindó una breve declaración en la que negó haber cometido el delito que se le imputa.
El jefe comunal fue formalmente imputado por no consignar la mencionada sociedad comercial en su declaración jurada, presentada ante el Concejo Deliberante local. La Fiscalía enmarcó esta omisión como una posible infracción al artículo 81 de la Ley de Municipalidades de La Pampa, vinculándola también con el artículo 268, párrafo tercero, del Código Penal.
Pruebas en desarrollo
Desde la Fiscalía General informaron que se encuentran reuniendo pruebas documentales y testimoniales que permitan avanzar en la investigación. Asimismo, anticiparon que, una vez concluida la Feria Judicial, se programará la audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria.
El conflicto de los cheques rechazados
En los registros del BCRA, Salvadori aparece vinculado a una sociedad comercial con 174 cheques rechazados, que totalizan una suma de 310 millones de pesos. Los documentos pertenecen a operaciones realizadas a través del Banco Nación y el Banco de La Pampa. Según trascendió, el intendente asumió su cargo arrastrando una deuda considerable debido a estos cheques sin fondos.
Denuncia de los concejales
La controversia escaló en diciembre pasado, cuando los concejales de Ingeniero Luiggi presentaron una denuncia formal contra Salvadori. El reclamo radica en que el intendente no incluyó en su declaración jurada la sociedad comercial de la que forma parte, incumpliendo así los requisitos legales previos a asumir su función pública.
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