El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, representante de Juntos por el Cambio, fue citado a declarar en los Tribunales de General Pico en el marco de una investigación judicial. Se lo acusa de haber omitido la inclusión de una sociedad comercial en su declaración jurada, la cual registra más de 174 cheques rechazados por un monto que supera los 300 millones de pesos, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Judiciales17 de enero de 2025
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La audiencia tuvo lugar en la mañana de ayer y estuvo a cargo del fiscal general Armando Agüero, acompañado por el fiscal adjunto Matías Juan, especialistas en delitos económicos. Salvadori acudió a los tribunales acompañado de su abogado defensor, Hernán Salomone, y brindó una breve declaración en la que negó haber cometido el delito que se le imputa.
El jefe comunal fue formalmente imputado por no consignar la mencionada sociedad comercial en su declaración jurada, presentada ante el Concejo Deliberante local. La Fiscalía enmarcó esta omisión como una posible infracción al artículo 81 de la Ley de Municipalidades de La Pampa, vinculándola también con el artículo 268, párrafo tercero, del Código Penal.
Pruebas en desarrollo
Desde la Fiscalía General informaron que se encuentran reuniendo pruebas documentales y testimoniales que permitan avanzar en la investigación. Asimismo, anticiparon que, una vez concluida la Feria Judicial, se programará la audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria.
El conflicto de los cheques rechazados
En los registros del BCRA, Salvadori aparece vinculado a una sociedad comercial con 174 cheques rechazados, que totalizan una suma de 310 millones de pesos. Los documentos pertenecen a operaciones realizadas a través del Banco Nación y el Banco de La Pampa. Según trascendió, el intendente asumió su cargo arrastrando una deuda considerable debido a estos cheques sin fondos.
Denuncia de los concejales
La controversia escaló en diciembre pasado, cuando los concejales de Ingeniero Luiggi presentaron una denuncia formal contra Salvadori. El reclamo radica en que el intendente no incluyó en su declaración jurada la sociedad comercial de la que forma parte, incumpliendo así los requisitos legales previos a asumir su función pública.
Al conocerse públicamente la cantidad de cheques rechazados, el jefe comunal emitió un comunicado en el que, lejos de desmentir los hechos, reconoció enfrentar dificultades financieras personales.
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En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Ana Laura Ruffini, condenó a Marcelo Alberto Martín, como autor material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública como delito continuado – 22 hechos-; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua.
La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género.
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El joven había sido internado en grave estado en el Hospital Gobernador Centeno, luego de colisionar en moto contra una camioneta. Su fallecimiento se confirmó este martes, generando profundo dolor en la comunidad.
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