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La jueza Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.
La liberación de las 114 personas detenidas generó un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales, mientras el Gobierno insiste en que su fallo favoreció la impunidad.
“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos", explicó la magistrada del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó. La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "derecho baluarte del sistema democrático".
