Un técnico que arregla celulares fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por tenencia de pornografía infantil con fines de distribución y comercialización, un delito previsto en el artículo 128 del Código Penal. Además se le incautaron 1.370.000 pesos, una suma que será entregada al Centro de Desarrollo Infantil de General Acha.
Judiciales25/03/2025
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La sentencia fue dictada por el juez de control achense, Diego Ariel Asin, al homologar un acuerdo de juicio abreviado presentado, en forma conjunta, por el fiscal Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Claudio Martínez Sabio y el imputado, Cristian Nicolás Linaza Acri, de 35 años, quien admitió la autoría de los hechos.
Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal pudo probarse que el acusado, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, “tuvo en su poder y almacenó contenido pornográfico infantil (videos e imágenes) con fines de distribución y comercialización, mediante la utilización de redes sociales, criptomonedas, mails temporales y medios de mensajería”.
“Dichas maniobras –agrega el fallo– se registraron a través de las IP” de una empresa local que brinda internet, y que fueron identificadas en las viviendas de Linaza Acri y de su padre. Toda la información se incluyó en los reportes que fueron remitidos oportunamente “por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ocurrió que el fiscal Méndez, durante la extensa investigación, pidió informes no solo a la firma proveedora del servicio de internet, sino además a las empresas Google y PayPal, a la División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía provincial, a dos bancos y a la Gendarmería Nacional. A su vez practicó allanamientos a los domicilios citados y secuestró celulares, notebooks, discos duros, pen drives, discos compactos, módems, CPUs, etc.
Las partes acordaron también que el dinero incautado (1.370.000 pesos) por la comercialización del material sea destinado al Centro de Desarrollo Infantil de General Acha. Para ello se basaron en el artículo 23 del Código Penal que dice que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código, o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”. En esta causa dicha suma ira a “una institución municipal de bien público”.
Por último, Asin –además de imponerle los tres años en suspenso– dispuso que Linaza Acri, que permaneció con arresto domiciliario durante un mes, deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta durante tres años: fijar residencia, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, y realizar un tratamiento psicológico. En caso de incumplimiento podrá revocársele la condicionalidad de la pena y pasar a ser efectiva.
El juez Diego Ambrogetti impuso una pena de efectivo cumplimiento a Matías Nicolás Basualdo, tras un juicio abreviado en el que el imputado admitió haber arrebatado las pertenencias de una mujer que viajaba en moto. Su cómplice obtuvo una probation.
Los cinco habían iniciado el trámite de refugiados en la Argentina.
Los sospechosos habrían sustraído mercadería por unos 2.000 dólares en locales de marcas reconocidas del shopping Dolphin Mall. Enfrentan cargos por robo minorista y defraudación, con fianzas que alcanzan los 4.500 dólares.
Así lo dispuso el fiscal Eduardo Taiano.
Roberto Darío Gatica es un mecánico de 41 años que compró dos camionetas, mediante la entrega de cuatro cheques robados y/o adulterados por 22 millones de pesos. Al comprobarse que cometió el delito de estafa en dos ocasiones fue condenado a la pena unificada de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y permanece detenido en General Pico.
La ex jueza fue inhabilitada por unanimidad para ejercer cargos.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó en el último Boletín Oficial una serie de fallos que revelan importantes irregularidades administrativas en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo cargos económicos millonarios y multas personales a sus responsables. Los casos más relevantes afectan a las administraciones de Damián Maisonnave con 11.8 millones de pesos, luego figuran Loventuel y Agustoni con cargos menores. Se detectaron pagos indebidos, uso inadecuado de fondos públicos y reiterados incumplimientos en la rendición de cuentas.
Un grave episodio de violencia tuvo lugar anoche en el Destacamento Policial de Maisonnave, donde un individuo ingresó en evidente estado de exaltación, insultando y amenazando al personal de guardia, mientras intentaba agredir físicamente a uno de los efectivos. Durante el altercado, el hombre produjo daños tanto en las instalaciones de la dependencia como en un móvil policial identificado, tras lo cual se dio rápidamente a la fuga.
La víctima, María Natalia Jeannée, vicedirectora de la Escuela Hogar de La Humada, fue hallada sin vida debajo de su vehículo
El presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que el Tribunal de Cuentas de La Pampa determinara que utilizó recursos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. Según la resolución, ese gasto debía ser afrontado de manera estrictamente personal y no con fondos pertenecientes a la comuna.
El Poder Ejecutivo provincial estableció un horario reducido de 9 a 12 horas para la Administración Pública durante enero de 2026, una medida excepcional que busca disminuir costos operativos, optimizar el uso de la energía y adecuar la atención al público a la demanda estacional, sin afectar los servicios esenciales ni los haberes del personal.
Los sospechosos habrían sustraído mercadería por unos 2.000 dólares en locales de marcas reconocidas del shopping Dolphin Mall. Enfrentan cargos por robo minorista y defraudación, con fianzas que alcanzan los 4.500 dólares.
En las últimas horas, un profundo gesto de agradecimiento llegó a la Comisaría Departamental de Realicó, donde una mujer se presentó para reconocer públicamente la labor de un efectivo policial que, con su rápida intervención, salvó la vida de su nieto de cinco años.
