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RESISTENCIA | El hecho involucra a un chaqueño de 22 años que fue detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad y violencia de género. La víctima, Aliaksandra Makayenka, de 24 años, relató al medio Diario Norte cómo conoció al sujeto en Polonia mientras ambos trabajaban en una empresa local, donde ella era su jefa.
Según el testimonio de la joven, fue el propio joven quien la convenció de venir a la Argentina para formar una familia, viaje que fue gestionado por el padre del detenido. Sin embargo, al poco tiempo de llegar, comenzó el calvario: violencia verbal, encierro y control absoluto sobre su vida.
El operativo de rescate se desencadenó gracias a la valentía de una vecina que llamó a la policía luego de ver a Makayenka llorando en el patio de la casa. La intervención fue llevada adelante por la Subsecretaría de Género, una fiscalía local, la Comisaría de la Mujer, y el Poder Judicial chaqueño. Según relataron fuentes oficiales, una de las principales dificultades fue la barrera idiomática, ya que la víctima no hablaba español con fluidez. “En pocas horas conseguimos apoyo judicial, policial y un traductor. Era fundamental que ella supiera que íbamos a rescatarla”, afirmó Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género.
Makayenka, quien tiene una hija con el detenido, logró retornar a su país natal junto a la menor gracias a un permiso de viaje que Mierez había firmado anteriormente. Según narró, el día del rescate “era un día común. Yo estaba con mi hija y él jugaba en la computadora. Escuché voces y cuando él entró, ya sabía que era la policía. Me dijo que saliera con mis documentos”.
Desde su país, la joven expresó su deseo de comenzar una nueva vida junto a su hija: “Sueño con darle una buena vida. Una casa, un lugar donde jugar, y enseñarle a elegir bien a quién tenga a su lado”.
El acusado permanece detenido y se abstuvo de declarar ante las autoridades judiciales. La causa está caratulada como privación ilegítima de la libertad y violencia de género, delitos que podrían implicar una pena de entre dos y seis años de prisión.
