El fiscal Diego Luciani rechazó este martes el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Ahora será el Tribunal Oral 2 el que defina si podrá cumplir la condena en el departamento de San José 1111.
Nacionales17 de junio de 2025
InfoTec 4.0
Un día antes de que se cumpla el plazo de los cinco días impuestos por el juez Jorge Gorini, en calidad de presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio del caso Vialidad, se conoció el criterio del Ministerio Público Fiscal respecto a dónde debe cumplir la sentencia la ex vicepresidenta.
Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario.
El pedido se fundó en la edad de Cristina Kirchner, 72 años, junto a su rol de ex Jefa de Estado, sosteniendo que no corresponde que sea alojada en una cárcel común, teniendo -además- como antecedente el intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Los requisitos expuestos por el abogado en el escrito que analizó el fiscal Luciani, incluyeron que se evite la aplicación de una tobillera electrónica, ya que los arrestos domiciliarios no pueden ser supervisados por ninguna fuerza federal. Para reforzar dicho pedido, se resaltó que como ex Presidenta Cristina cuenta con custodia permanente y por ello, se había planteado la posibilidad de que la misma se mantenga.
Ante el planteo del fiscal Luciani, el presidente del TOF 2 -Jorge Gorini-, solicitará la opinión de la defensa sobre el criterio del Ministerio Público. Mientras tanto, Cristina Kirchner informó que se presentará en Comodoro Py el miércoles por la mañana, cuando se hará efectiva su detención.
Las sospechas sobre el departamento
El departamento donde Cristina Kirchner quiere quedar presa, es propiedad de Los Sauces SA, la inmobiliaria familiar investigada por lavado de dinero.
El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por 4 millones de pesos. El mismo día "egresó la suma de 3.959.000 pesos", señala la causa penal.
Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES (bonos soberanos emitidos para favorecer operaciones inmobiliarias en dólares) que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José y Humberto Primo, donde vive ahora la ex vice.
La casa fue vendida por el director de cine y funcionario K Jorge Coscia, y según la escritura pública la operación se hizo por 370.000 dólares pagados con los CEDINES. La UIF indicó que se "desconoce cuál es el origen o actividad que generó dicho dinero". Y que la extracción se realizó "sin el comprobante que respalde la operación".
Cuando en 2019 se valuó el departamento de la calle Humberto Primo y San José, el precio fijado fue de 37.769.600 pesos. Ahora, la justicia federal pidió una nueva tasación sobre los bienes de la ex presidenta para avanzar en el decomiso de 85.000 millones de pesos ordenados en el caso Vialidad.
Producto de las investigación por lavado de dinero, la propiedad en la que pide cumplir el arresto domiciliario, se encuentra embargada y también el Tribunal que debe hacer el juicio de Hotesur - Los Sauces, pidió una tasación de todos los bienes, publicó Clarín.
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