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El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, valoró el consenso alcanzado entre las 24 jurisdicciones del país —todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— para presentar un proyecto de ley que reclama la distribución automática de los fondos que hoy se destinan al financiamiento de fideicomisos nacionales, especialmente los provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.
“Las provincias tenemos cada vez más responsabilidades y cada vez menos recursos”, advirtió el mandatario pampeano en declaraciones radiales, donde remarcó que el acuerdo entre gobernadores trasciende lo ideológico: “Hoy estamos todos iguales. Nos ha unido la realidad”.
Ziliotto explicó que las provincias están a cargo de servicios esenciales como salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública. “Lo que pedimos es que los recursos que son de las provincias o que están afectados a nuestras responsabilidades lleguen en forma directa y automática”, insistió.
Además, destacó el rol de los municipios y criticó el abandono del Estado nacional: “Hay más de 2.200 intendencias que están en la primera línea dando respuestas. Donde no hay escala económica, debe estar el Estado. El privado prioriza el lucro, no la responsabilidad social”.
También se refirió al deterioro de la infraestructura vial y cuestionó el uso actual del impuesto a los combustibles. “Ese tributo se creó para infraestructura vial. Sin embargo, hoy el 60% de las rutas nacionales está en estado crítico. ¿Qué hace el tránsito pesado? Usa las rutas provinciales, agravando su desgaste”, graficó. Recordó, en ese sentido, que La Pampa pidió la transferencia de rutas nacionales, pero con los recursos que corresponde por ley.
Ziliotto insistió en que la situación exige un nuevo pacto fiscal: “Si el Gobierno nacional se corre de ciertas funciones, entonces hay que redefinir el reparto de recursos. Hoy la Nación se queda con el 56% de la coparticipación, y las provincias con el 44%. Originalmente era al revés”.
El gobernador pampeano también reclamó por la paralización de obras clave, como el acueducto Santa Rosa–General Pico, necesario por la mala calidad del agua en el norte provincial.
Finalmente, confirmó que el proyecto de ley será ingresado en el Congreso Nacional: “Vamos a dar el debate institucional como corresponde. Estamos abiertos al diálogo, pero necesitamos respuestas para la gente que nos votó. No estamos afectando las finanzas nacionales, pedimos lo que es nuestro”.
