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CÓRDOBA | La medida judicial también incluye cargos gravísimos: coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. La investigación apunta directamente a la cúpula policial, lo que ha generado un cimbronazo institucional en la provincia.
Entre los principales implicados se encuentra también Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del jefe detenido y también integrante de la fuerza, señalado como miembro activo de la organización.
Además, fueron detenidos el comisario inspector Leonardo Javier Torres, jefe del área legal de la Policía de Córdoba; el inspector Martín Darío Heredia, perteneciente a la Policía Caminera; y Gabriel Burkhard, un civil acusado por coacción. La lista se extiende a más policías y varios abogados particulares, quienes presuntamente se beneficiaban del sistema ilegal.
Información oficial utilizada para extorsiones
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los integrantes de esta red accedían a bases de datos oficiales y utilizaban esa información reservada para realizar acuerdos extrajudiciales, iniciar gestiones de cobro de deudas, asumir defensas penales y pactar honorarios ilegales. La operatoria, que habría funcionado de manera sistemática, implica un uso abusivo y fraudulento del poder estatal.
Allanamientos y recolección de pruebas
Durante los operativos realizados en La Calera, Cosquín y la ciudad de Córdoba, se detuvieron al menos siete personas y se realizaron allanamientos claves, incluyendo el ingreso de personal judicial a la Jefatura de Policía de la Provincia, donde se incautaron documentos y material probatorio fundamental para la causa.
El escándalo pone en jaque la credibilidad de la fuerza y genera un fuerte impacto institucional en Córdoba, donde crecen las voces que exigen una profunda depuración policial.
