La gravísima y letal denuncia contra Milei por el cierre de Vialidad: “Habrá rutas de la muerte”

El Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. “Moriremos todos en las rutas argentinas, es una vergüenza", dijo la jefa del gremio, Graciela Aleñá.

Nacionales08/07/2025INFOtec 4.0INFOtec 4.0
ruta

Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de generar “rutas nacionales de la muerte”.

El decreto elimina el organismo responsable de la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, traspasando sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según Aleñá, esto agravará la peligrosidad vial.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y desvían el Impuesto a los Combustibles”, denunció Aleñá, quien calificó la medida como “ideológica” para achicar el Estado y advirtió que destruirá áreas de transporte y habilitará negocios con las fuerzas de seguridad.

Además, alertó que 5500 trabajadores quedarían sin empleo, 118 rutas nacionales quedarían desprotegidas y 40 mil kilómetros sin mantenimiento. Cuestionó que los bienes de infraestructura pasarán a la AABE para ser liquidados, lo que calificó como “negociados”.

Aleñá rechazó que se trate de una “reorganización administrativa” y afirmó que es un “desmantelamiento” para favorecer la tercerización. Negó que Vialidad sea ineficiente y detalló que realizan tareas clave como bacheo, señalización y control de peso.

También criticó que el Gobierno promueva la privatización como solución y sostuvo que Vialidad cumple una función estratégica. Cuestionó el traspaso al Ministerio de Economía por alejar las decisiones del territorio y debilitar el control técnico.

Finalmente, advirtió que esto implica una “pérdida de soberanía vial”, ya que las decisiones pasarán a manos privadas o funcionarios sin arraigo territorial, aumentando el riesgo en rutas y afectando la conectividad, la economía local y el empleo público.

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