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NACIONALES | A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei resolvió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en una medida que marca un cambio de paradigma en la política estatal de infraestructura y control del transporte terrestre en Argentina.
La medida, oficializada este lunes en el Boletín Oficial, fue anunciada previamente por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien declaró que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Milei".
¿Qué implica el decreto?
El DNU no solo elimina estos organismos históricos, sino que también crea nuevas estructuras administrativas, redistribuye funciones entre entes existentes y centraliza el poder de control y fiscalización en la órbita del Ministerio de Economía.
Entre los puntos más relevantes se destacan:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reemplazada por una nueva “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, que tendrá un rol clave en la fiscalización de las concesiones viales y ferroviarias, así como en el control del transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de cargas y pasajeros.
Las competencias sobre accidentología automotor serán absorbidas por la Secretaría de Transporte, desplazando a la disuelta Comisión de Seguridad Vial.
Las tareas de investigación de accidentes ferroviarios serán ahora responsabilidad de la nueva agencia de control, salvo los relacionados con aviación civil, que seguirán bajo la órbita de una entidad reorganizada llamada “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, sucesora de la anterior Junta de Seguridad en el Transporte.
Reasignaciones y control de bienes
El decreto instruye también al Ministerio de Economía a hacerse cargo de las funciones que hasta ahora ejercía Vialidad Nacional, incluyendo el mantenimiento, estudio y construcción del sistema troncal de caminos. Para ello, se contempla la colaboración con las provincias mediante el Consejo Vial Federal, que continuará existiendo en carácter consultivo.
Además, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá relevar, reasignar o liquidar todos los bienes muebles e inmuebles actualmente en poder de los organismos disueltos, incluyendo vehículos, maquinaria y oficinas.
Un cambio estructural con impacto federal
Con este DNU, el gobierno avanza en su política de "reestructuración profunda del Estado", en línea con la Ley de Bases recientemente aprobada. Sin embargo, la disolución de organismos como Vialidad Nacional, con más de 90 años de historia, y de la ANSV, responsable del diseño y ejecución de políticas de seguridad vial, despierta inquietudes tanto en provincias como en sectores técnicos.
El nuevo esquema implica también que la Gendarmería Nacional será la fuerza responsable de constatar infracciones de tránsito en rutas nacionales, complementando el trabajo de autoridades locales.
Desde varios sectores ya se anticipa un debate político y judicial sobre la validez y el impacto de la norma, que deberá ser revisada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como lo exige la Ley N° 26.122 sobre decretos delegados.
