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CHILE | El gobierno chileno anunció un paso clave hacia la concreción de un túnel submarino en el Estrecho de Magallanes, una obra de integración territorial que Argentina lleva más de 50 años sin ejecutar. La novedad, respaldada por expertos noruegos, pone en evidencia la falta de continuidad política argentina y la pérdida de iniciativa frente a un proyecto con profundas implicancias geopolíticas y económicas.
El túnel uniría Punta Delgada y Bahía Azul, en la región chilena de Magallanes, a través de una obra de solo 3,7 kilómetros, en una zona geológicamente favorable. Según estimaciones de la Federación Popular de Transporte (FePoTra), el 85% del flujo vehicular que usaría esa infraestructura será argentino, particularmente camiones, cargas y vehículos que circulan bajo el régimen fueguino creado por la Ley de Promoción Económica 19.640, vigente desde 1972.
Argentina, entre la parálisis y el olvido
En contraste, la Argentina continúa sin cumplir lo establecido por la Ley 26.776, sancionada en 2012 por unanimidad en el Congreso. La norma declaraba como "política de Estado" la integración física del territorio nacional continental con el insular fueguino, instruyendo al Poder Ejecutivo a realizar estudios técnicos en un plazo de 60 días y a establecer una traza de conexión terrestre y marítima soberana. Nada de eso se hizo.
A pesar de que en 2015 se anunció un fideicomiso de 100 millones de dólares para iniciar estudios de viabilidad, el proyecto fue sepultado por los sucesivos gobiernos. Hoy, la Argentina sigue dependiendo de barcazas chilenas para unir Río Gallegos con Tierra del Fuego, lo que implica altos costos logísticos, esperas e incluso riesgos en términos de soberanía.
Un espejo de dos modelos
Mientras la Argentina continúa debatiendo sin acción, Chile ya avanza con respaldo técnico del gobierno de Noruega, país que opera más de 40 túneles submarinos. El proyecto chileno no solo es más corto y menos costoso que un cruce por aguas argentinas (de unos 40 kilómetros), sino que además se beneficia del tránsito argentino sin haber invertido en la infraestructura logística del país vecino.
El gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flies, ya gestiona los fondos iniciales de 100 millones de dólares, con un modelo mixto que combina financiamiento estatal y privado, replicando esquemas aplicados en zonas remotas de Noruega.
Implicancias estratégicas para Argentina
Las consecuencias para la Argentina son múltiples y preocupantes:
Dependencia estructural: más del 70% del tránsito actual por barcazas corresponde a vehículos argentinos. Con el túnel, ese tránsito pagará peajes y se ajustará a regulaciones chilenas.
Pérdida de soberanía logística: Chile tendrá el control físico del único acceso directo a Tierra del Fuego, afectando el desarrollo autónomo de esa región insular.
Fracaso histórico: de los tres grandes proyectos estratégicos impulsados en los años 70 —la Promoción Industrial fueguina, una base naval antártica y un cruce soberano por aguas argentinas— solo uno sigue vigente y con serios cuestionamientos.
Un túnel que habla de prioridades
La comparación entre ambos países resulta inevitable. Chile avanza con una mirada estratégica y de largo plazo, mientras Argentina continúa enredada en su inercia burocrática y desinversión crónica. El túnel en el Estrecho de Magallanes será realidad. La pregunta es si Argentina tomará parte o solo pagará el precio por haber renunciado, una vez más, a sus propios mandatos soberanos.
