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La vicepresidenta Victoria Villarruel cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado luego de haber ordenado en octubre pasado la suspensión temporal de ese establecimiento por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”.
Se trata de una institución que había sido inaugurada en 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou.
Según el decreto 401/25, la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” con la intención de acondicionar el inmueble, pero el área concluyó “que su readecuación no resulta posible por su condiciones de base”.
Por esa razón, el edificio será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso.
Por otro lado, a través del decreto 394/25, Villarruel promovió la donación de los bienes patrimoniales de la Cámara alta que se usaban en el jardín a otro establecimiento de similares característica, tras solicitud de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
El año pasado, después de un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento acompañado por actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, la titular del Senado decidió suspender la actividad de la institución porque no cumplía con las normas de la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras.
Entre las irregularidades e incumplimientos que sostuvieron la decisión de Villarruel se enumeraron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”.
En la misma resolución, Villarruel le otorgó a los 72 padres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de este año. El siguiente paso era que la Dirección General de Administración del Senado evaluara las deficiencias del lugar.
En diciembre de 2023, antes de dejar el Senado, la ex presidenta Cristina Kirchner eliminó esa normativa, por lo que desde entonces el gasto total recaía sobre el presupuesto del Senado.
