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SANTA ROSA | La diputada Sandra Fonseca, representante de ese espacio, expresó que su bloque acompañó el proyecto como coautor, destacando que "este informe integral no puede ser reemplazado por un documento elaborado de forma apresurada por el Ejecutivo y Pampetrol". Según afirmó, el informe actual se basa en un solo documento técnico y carece de la profundidad necesaria para garantizar transparencia en el proceso licitatorio.
Fonseca remarcó: “Desde el oficialismo hablan de desarrollo y participación público-privada, pero si existe tal acuerdo, ¿por qué no se recurre al Consejo Económico y Social, que es una herramienta constitucional?”. Y agregó que auditores del Tribunal de Cuentas han detectado graves irregularidades en la unión transitoria de empresas entre Pampetrol y PCR, como la falta de balances desde 2020, datos ocultos sobre producción y ventas de petróleo, y ausencia de controles ambientales.
Afirmó también que la Secretaría de Hidrocarburos “no controla”, y que la empresa PCR no estaría cumpliendo con el sellado de pozos abandonados. “Advertimos que esto puede implicar delitos continuados. Ya hemos hecho presentaciones ante la Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero los avances son lentos, mientras se siguen perdiendo recursos públicos, como en el caso de Refipampa, donde Pampetrol tiene un 20% y, según testimonios, se pierden millones de dólares diarios”.
Otras iniciativas debatidas
El bloque Comunidad Organizada también apoyó otros proyectos durante la jornada. El diputado Maximiliano Aliaga respaldó el pedido al Poder Ejecutivo para restablecer la circulación en la Ruta Nacional 35. “Antes del asfalto, se llegaba a Bahía Blanca por tren. Hoy el tren no está. Si Nación no lo habilita, deberíamos pensar en una política provincial de trenes”, propuso.
También fue aprobado el proyecto que solicita a los legisladores nacionales por La Pampa que impulsen la declaración de emergencia en discapacidad. Fonseca criticó la desarticulación de políticas públicas, la burocracia y la falta de escucha hacia las personas con discapacidad y sus familias. “Escuchamos a prestadores y empresas, pero no a quienes viven la discapacidad”, lamentó.
Respecto al proyecto que promueve la declaración de emergencia en salud mental y adicciones, Fonseca advirtió sobre la falta de prevención y el deterioro de los dispositivos de atención. “El suicidio es prevenible, pero necesitamos una comunidad concientizada y un Estado que priorice la salud mental. La ley actual no alcanza, sobre todo en adicciones, donde se debe reconsiderar la internación involuntaria como herramienta inicial”, planteó.
Críticas a las designaciones judiciales
Por último, Comunidad Organizada votó en contra de los pliegos que proponían a Daniela Johana Martínez y María Elena Gregoire como juezas de control. Fonseca cuestionó que ambas habrían sido designadas como sustitutas por vínculos políticos y sin respetar la Constitución provincial. “Otra vez tenemos designaciones a dedo. La palabra ‘sustituto’ no existe en la Constitución. Un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo no garantiza justicia válida”, concluyó.
