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El Senado de la Nación sancionó este jueves la ley que garantiza la actualización automática de los presupuestos de funcionamiento y salarios de las universidades públicas, propinando una nueva derrota política al Gobierno libertario. La medida obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y tres abstenciones, en un debate que expuso diferencias de fondo sobre la educación superior y el manejo de los recursos estatales.
El proyecto establece que, a partir del 1º de enero de 2025, los gastos de las universidades deberán ajustarse según la inflación medida por el INDEC, mientras que este año las actualizaciones serán bimestrales. Además, obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes con incrementos no inferiores al IPC y a convocar paritarias cada tres meses, con aumentos mensuales que acompañen la inflación.
Durante el debate, el peronista Fernando Salino advirtió que en 2025 el financiamiento universitario representará apenas el 0,43% del PBI, muy por debajo del 0,72% registrado dos años atrás, y estimó que la ley tendrá un costo fiscal de 0,12% del PBI. Desde la UCR, Maximiliano Abad cuestionó la falta de un marco presupuestario claro y criticó la ausencia de un plan productivo integral.
En contraste, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, defendió la postura oficialista al afirmar que las universidades “fueron utilizadas como espacios de adoctrinamiento” y puso el foco en la baja comprensión lectora de los estudiantes en la educación inicial.
Con la sanción consumada, la Casa Rosada ya adelantó que aplicará un veto presidencial. Ante esa posibilidad, la oposición planea insistir con la ley, lo que exigirá alcanzar nuevamente los dos tercios en ambas Cámaras del Congreso.
