InfoTec 4.0
NACIONALES | La propuesta, que se canaliza bajo la figura de “reparación integral” prevista en el Código Penal, busca extinguir la acción penal contra los imputados a cambio de cubrir los montos de los embargos ya dispuestos y actualizados por la tasa activa del Banco Nación desde 2018.
El tribunal oral federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, deberá resolver si acepta la presentación, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) adelantó que se opondrá, y se espera que la fiscal Fabiana León haga pública su posición durante la jornada.
Entre los casos más resonantes figuran:
Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi): ofreció $181 millones como reparación integral, aunque reiteró su inocencia.
Hugo Alberto Dragonetti (Panedile): propuso $1.421 millones y sumó un compromiso de capacitación en ética y compliance.
Benjamín Romero (EMEPA): ofreció más de $510 millones, luego de haber confesado pagos de sobornos para renovar concesiones.
La causa tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita, y está previsto que el juicio oral comience el próximo 6 de noviembre, salvo que prospere la propuesta empresarial.
El debate gira en torno a si este mecanismo puede aplicarse a delitos de corrupción que afectan al Estado como víctima. La Cámara de Casación ya se pronunció en casos recientes, como el de Luciano Di Cesare (ex PAMI), exigiendo la participación y consentimiento del Ministerio Público Fiscal para extinguir la acción penal.
En las próximas horas, el tribunal deberá definir si acepta la “reparación integral” propuesta por los empresarios o si se mantiene la convocatoria al juicio oral.
