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Una docente cuenta con un pedido de captura internacional por estafar a sus compañeras usando sus tarjetas de débito y crédito en una escuela pública del barrio porteño de Boedo. La investigación comenzó cuando las maestras comenzaron a detectar consumos reiterados y desmedidos.
La Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo de Miguel Ángel Kessler, instruyó la investigación luego de las denuncias para reconstruir el rastro de las operaciones ilícitas, delegando tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para obtener datos que verifiquen la identidad de la o las personas que realizaron las compras.
Durante la pesquisa se recolectaron testimonios a los involucrados que permitieron establecer 105 compras realizadas, entre ellas comercios con locales a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras por un total de $3.688.287,67, señala el informe del Ministerio Público Fiscal porteño.
Es en este periodo que los damnificados señalaron que la acusada sería una docente curricular que se encontraba realizando una suplencia en el nivel inicial.
Ante lo hallado, se realizó un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias correspondientes a las víctimas, con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se llevó a cabo un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía.
“Con la información aportada por las empresas comerciales involucradas en las compras desconocidas, se realizaron averiguaciones en torno a los beneficiarios de las operaciones y así se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a dos personas que resultaron ser los padres de la sospechosa”, informaron.
Se indicó que, en dicha plataforma, no solo cargaron dinero en una cuenta, sino que incluso lo multiplicaron para luego extraerlos a cuentas de su control y titularidad.
Sin embargo, en medio de la investigación se estableció, a partir de los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones, “que la acusada viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha”.
Ahora, la Fiscalía imputó al padre de la apuntada por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal.
Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el hombre acordó con la fiscalía un Acuerdo de Autocomposición, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000.
Finalmente, respecto de la docente implicada en la defraudación, la fiscalía realizó el pedido de captura internacional.
