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El juez laboral Claudio Soto, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N°2 de la capital pampeana, solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue a las camaristas Marina Álvarez y Laura Torres por un posible delito de abuso de autoridad.
El planteo se enmarca en una causa laboral iniciada por Fernando Arias contra Nill SRL y otros, donde Soto ya había dictado sentencia. La resolución fue apelada y la Cámara de Apelaciones devolvió el expediente a Primera Instancia para que el juez emitiera un nuevo fallo, algo que, según Soto, no está contemplado en el Código Procesal de La Pampa.
“El artículo 248 establece que el tribunal de alzada debe resolver las cuestiones pendientes, no ordenar al juez inferior a dictar una nueva resolución. Si yo accediera, estaría actuando fuera de mi competencia y cometiendo un delito”, sostuvo el magistrado.
El conflicto llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, que el 26 de diciembre de 2024 declaró la incompetencia de Soto y dejó en manos de la Cámara la definición. No obstante, meses después, las camaristas Álvarez y Torres manifestaron que no acatarían esa disposición, argumentando que no estaba vinculada con la función de Superintendencia del máximo organismo judicial.
En diálogo con la prensa, Soto aclaró: “Yo no denuncio a las camaristas, solo pido que el fiscal investigue. Entiendo que puede configurarse abuso de autoridad porque me ordenan dictar una resolución que la ley no me habilita a firmar”.
