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El 17,1% de los adultos en edad jubilatoria sigue trabajando y la prolongación de la actividad laboral se concentra en la franja de 60 a 74 años, según el dosier estadístico que publicó el INDEC.
La jubilación es un derecho adquirido, pero no garantiza condiciones económicas dignas.
Así también, los menos, están quienes toman la decisión de seguir trabajando porque les da placer, les mantiene la rutina y les permite sentirse útiles.
Los motivos de estirar el rol activo aun despúes de efectivizarse el cambio de status previsional suele deberse a la necesidad económica, a la desigualdad de género y la discriminación de la sociedad por edadismo.
En el caso de los 4,5 millones de jubilados que cobraron en septiembre el haber mínimo de $ 390.214, con bono incluido, aquellos que no cuentan con ayuda familiar o ahorros, ese dinero apenas cubre la tercera parte del costo de una canasta básica que releva la Defensoría de la Tercera Edad, que en octubre alcanzó los $ 1.514.074.
La misma situación atraviesan los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y los que perciben pensiones no contributivas, que el mes pasado cobraron 326.222 pesos, con el bono de 70.000 pesos incluido.
Sin importar el estado físico, psicológico o de salud en que transiten esa etapa de la vida, no tienen otra opción que continuar ocupados, aunque sea en modo precario, para poder afrontar los $ 402.880 que la canasta específica estiman en medicamentos; $ 348.000 en gastos de alimentación y $ 107.444 en limpieza.
Aquellos que no tienen vivienda, la estadística les asigna un costo adicional de $ 294.000 más.
La encuesta se lleva a cabo trimestralmente en la CABA, el conurbano bonaerense y en las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario.
El porcentaje de jubilados pobres se ha duplicado en un año, llegando a casi el 30% en el primer semestre de 2024, según Statista.
