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SAN JUAN | Nueve personas, entre ellos la responsable del Registro Civil de la localidad sanjuanina de Pocito, fueron imputadas por conformar una asociación ilícita que confeccionaba de manera fraudulenta documentos de identidad que posteriormente se utilizaban en estafas para solicitar créditos y adquirir bienes que luego eran comercializados.
El área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, formalizó la investigación penal contra los acusados, entre quienes se encuentra la funcionaria N.L.C, según reveló el portal Fiscales.gob.ar.
La empleada de la institución, en conveniencia con otros imputados, habría llevado un esquema que consistía en incorporar datos biométricos, como fotografías y huellas dactilares, falsos en trámites formales, lo que permitía la emisión de los DNI materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, con una identidad apócrifa.
La acusación comprende los delitos de falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, estafa, asociación ilícita y conductas previstas en la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional.
La investigación se originó por una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, quien advirtió el uso de un DNI con imagen y huellas dactilares que no eran las suyas para contratar préstamos y realizar transacciones comerciales en su nombre.
Las averiguaciones condujeron rápidamente al Registro Civil de Pocito, donde se identificó la posible implicación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.
Este “caso testigo” -como fue identificado por la fiscalía- permitió desplegar diversas medidas probatorias, como allanamientos, recolección de pruebas digitales y documentales, que derivaron en la formalización inicial de la investigación penal el 2 de julio pasado, cuando se dictó la prisión preventiva de N.L.C.
Uno de los imputados tenía un caso abierto por tráfico de estupefacientes en el norte del país por el cual ya cumplía una prisión domiciliaria, y para quien el MPF -Ministerio Público Fiscal- había solicitado prisión preventiva y se profugó luego de la audiencia de formalización.
Así, el registro de Pocito realizó una auditoría interna que detectó múltiples irregularidades similares, lo que derivó en denuncias complementarias por 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos, de los que 18 se encuentran en grado de tentativa y cuatro habrían sido consumados.
