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El Gobierno nacional evalúa una profunda reforma laboral y tributaria que incluiría, entre sus puntos centrales, la posible eliminación del régimen del Monotributo. La información trascendió de reuniones privadas entre funcionarios del equipo económico y empresarios, según publicó este jueves Clarín, y ya encendió la discusión en múltiples sectores.
Aunque no existe por ahora un anuncio oficial, un documento interno —bajo análisis del ministro de Economía, Luis Caputo— plantea un rediseño integral del sistema tributario y previsional. El borrador, titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, propone integrar a los monotributistas al régimen de autónomos, que también sería modificado. En ese esquema, se evaluaría elevar el aporte mínimo obligatorio y habilitar deducciones de gastos personales.
La reforma tributaria en estudio incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. En Ganancias, el mínimo no imponible se ubicaría en torno a un salario promedio de $1,7 millones mensuales en 2025. De avanzar la propuesta, un trabajador soltero sin hijos comenzaría a tributar con ingresos brutos cercanos a $2,84 millones mensuales. En cuanto al IVA, se establecería un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del Monotributo, alrededor de $3 millones de facturación mensual. Se mantendría la escala de alícuotas del 5% al 35% y se elevaría el tope de deducciones hasta los $5 millones.
Otro eje central del plan es la creación de un régimen laboral simplificado orientado a promover el empleo registrado. Para nuevas contrataciones —especialmente de exmonotributistas o personas desempleadas por más de seis meses— se proyecta reducir las contribuciones patronales del 25,5% al 17%, mientras que los aportes personales bajarían del 17% al 13%. El objetivo declarado es disminuir el costo de la formalidad y ampliar la base de aportantes al sistema previsional.
Pese a la ausencia de definiciones oficiales, la posibilidad de eliminar un régimen vigente desde 1998 y utilizado por millones de trabajadores autónomos ya abrió un intenso debate sobre el futuro de la actividad independiente en la Argentina. El Gobierno, por ahora, mantiene el hermetismo mientras continúan las evaluaciones internas.
