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En el documento, los diputados afirmaron que la audiencia estuvo integrada durante más de cinco horas por exposiciones de funcionarios provinciales, organismos vinculados a la gestión del agua y representantes de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), pero señalaron la ausencia de Pampetrol, empresa que también integra la UTE responsable del área. Según indicaron, los distintos organismos participantes no abordaron específicamente la situación del pasivo ambiental existente en El Medanito ni las obligaciones vinculadas a su remediación.
Fonseca y Aliaga sostuvieron además que la organización de la jornada tuvo como objetivo desalentar la participación de quienes se habían inscripto para realizar exposiciones. En ese sentido, afirmaron que varias personas se retiraron antes de poder intervenir debido a la extensión de las presentaciones previas y denunciaron dificultades para quienes seguían la audiencia de manera virtual. También cuestionaron que algunas intervenciones no pudieran concretarse.
Los legisladores manifestaron que la situación ambiental del área petrolera presenta un importante nivel de afectación y señalaron que, según datos expuestos durante el proceso, las tareas de remediación demandarían una inversión cercana a los 22 millones de dólares. Asimismo, remarcaron que existen diferencias respecto de la distribución de las responsabilidades económicas entre las empresas involucradas y Pampetrol.
Otro de los puntos planteados en el comunicado estuvo vinculado al rol de los organismos de control. Desde Comunidad Organizada sostuvieron que las autoridades provinciales con competencia en materia ambiental e hidrocarburífera no habrían cumplido adecuadamente con las tareas de fiscalización previstas por la legislación vigente. En particular, señalaron que el informe ambiental final debía estar concluido con anterioridad al vencimiento de la concesión de El Medanito, previsto para el próximo 18 de junio.
Finalmente, Fonseca y Aliaga consideraron que la audiencia pública no garantizó una participación ciudadana plena y reclamaron que se investiguen las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas tanto al control de la explotación como al estado ambiental actual del área. Los diputados concluyeron que durante los años de operación del yacimiento no se promovieron instancias similares de participación pública para debatir la evolución de la actividad y sus posibles impactos ambientales.
