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El juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes” impulsado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich mediante la resolución 943/2023. La decisión se tomó tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el CELS, al considerar que el protocolo vulnera el derecho constitucional a la protesta social.
En su fallo, el magistrado sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que lesionen derechos fundamentales como la libertad de reunión, expresión y petición. También señaló que la protesta social no puede equipararse a un delito penal que habilite la represión policial sin orden judicial, devolviendo así a los jueces la potestad de autorizar la intervención de las fuerzas de seguridad.
Cormick cuestionó además las tareas de inteligencia y el registro de manifestantes previstos en el protocolo, por vulnerar la Ley de Inteligencia Nacional, y advirtió que no contemplaba la protección de grupos vulnerables. Por ello, exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicarlo y adecuar su accionar a la normativa vigente, aunque el Gobierno podrá apelar el fallo.
