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La situación fue expuesta públicamente en Radio 5, donde brindaron testimonio Marisol Rojas, familiar del abuelo del menor, y el abogado Gastón González, quien representa a la familia. Según relataron, el niño fue separado de sus padres biológicos debido a situaciones de violencia, una medida que la familia extendida asegura no cuestionar. Sin embargo, sostienen que desde entonces el sistema estatal ha obstaculizado de manera sistemática que el menor pueda quedar bajo el cuidado de sus abuelos.
Críticas al procedimiento del organismo estatal
El eje del reclamo no se limita únicamente a la negativa de la guarda, sino a la metodología aplicada por el organismo provincial. El abogado González calificó el accionar como “antijurídico y rozando la ilegalidad” y advirtió que se trata de una “falla del sistema” que se repite en diversas causas recientes en localidades como General Pico y Rancul.
Según explicó, la intervención de Niñez se reduce a entrevistas psicológicas con la familia extensa que solicita la guarda, sin un trabajo activo que permita fortalecer el vínculo familiar.
“Se quedan anclados en críticas subjetivas o situaciones del pasado, pero no existe un plan de trabajo real”, señaló el letrado.
González sostuvo que este proceder vulnera normas fundamentales como el Código Civil y Comercial, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con la legislación vigente, el Estado tiene la obligación de priorizar la permanencia del menor dentro de su familia biológica y, en caso de detectar dificultades, implementar un plan de fortalecimiento familiar para subsanarlas.
“Al no existir este plan, se está vulnerando el derecho a la identidad del niño dentro de su familia biológica. El accionar de la Dirección es totalmente antijurídico”, afirmó.
Tres años de reclamo y un niño institucionalizado
El conflicto lleva aproximadamente tres años. Mateo, que hoy tiene 4 años, pasó gran parte de su vida en un dispositivo institucional, mientras su familia extendida insiste en que existen vínculos afectivos previos que deberían ser respetados.
El abogado relató que en la última audiencia, realizada en septiembre de 2024, la Dirección de Niñez habría manifestado que no consideraba oportuno que los abuelos continuaran teniendo vínculo con el niño, basándose únicamente en informes, sin una argumentación clara.
Desde la familia aseguran que, lejos de proteger al menor, el sistema termina vulnerando nuevamente sus derechos al cortar lazos afectivos sin ofrecer herramientas para sostenerlos.
“Se prioriza tenerlo en un hogar de contención antes que trabajar con la familia, cuando la ley indica lo contrario”, expresaron.
Posible antecedente judicial
Ante la falta de respuestas favorables en instancias administrativas y judiciales locales, la defensa adelantó que continuará con todas las vías recursivas disponibles.
“Si es necesario llegar hasta la Corte Suprema, se va a llegar. Esto tiene que sentar un precedente”, afirmó González, quien cuestionó que se deniegue la tenencia a familiares directos sin antes intentar fortalecer el vínculo biológico.
El caso se suma a una serie de reclamos que han ganado visibilidad en redes sociales y medios locales, donde se repiten críticas hacia los criterios de evaluación y los tiempos de intervención de la Dirección de Niñez en procesos de guarda y adoptabilidad en la provincia.
