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Un miércoles trágico sacudió al norte de Colombia tras confirmarse el siniestro de un avión de la empresa Searca que prestaba servicios para la estatal Satena.
Tras varias horas de incertidumbre, la aeronave fue localizada por campesinos en un sector de difícil acceso cerca de la frontera con Venezuela. Los primeros reportes oficiales indican que el impacto fue de tal magnitud que la estructura quedó "completamente deshecha".
El secretario de Seguridad departamental, Jorge Quintero, fue el encargado de confirmar la noticia que nadie quería escuchar: "No nos dan reporte de ninguna persona viva". El avión, que transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, se precipitó a unos 30 minutos del casco urbano de La Playa de Belén.
La operación de recuperación de los 15 cuerpos se presenta como un desafío extremo para el Gobierno colombiano. Además de la geografía escarpada, la zona está bajo la influencia de guerrillas del ELN y disidencias de las FARC, lo que obliga al Ejército y a la Fuerza Aérea a desplegar operativos con estrictas medidas de seguridad para proteger a los organismos de socorro.
La Aeronáutica Civil informó un dato inquietante: la baliza de emergencia del avión nunca se activó, lo que retrasó el rastreo inicial por satélite y obligó a depender del avistamiento de los lugareños. Ante esta irregularidad, se ha dispuesto un equipo de cartógrafos y especialistas para determinar las causas del accidente.
El gobernador de la región ya activó los protocolos internacionales de levantamiento. Mientras se aguarda por mejores condiciones climáticas y de seguridad para el ingreso a la "zona roja", los familiares de las víctimas se concentran en los aeropuertos de origen a la espera de la identificación formal de los restos.
