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El acuerdo, consensuado con el defensor del Ministerio Público de la Defensa Juan José Hermúa , permitió avanzar en la resolución del conflicto penal mediante un procedimiento abreviado, mecanismo previsto en el Código Procesal Penal que evita la realización de un juicio oral cuando el imputado reconoce los hechos y la calificación legal atribuida.
Investigación y acumulación de hechos
La causa reunió seis hechos distintos, todos acreditados a partir de la recolección de evidencias por parte del Ministerio Público Fiscal . Entre ellos se encuentran: Hurtos cometidos en viviendas particulares sin violencia; la sustracción de dinero en un comercio local; el ingreso a un domicilio utilizando una llave verdadera previamente hallada; violación de domicilio; la sustracción de tarjetas de crédito y su posterior utilización para compras en comercios y tentativas de extracción de dinero en cajeros automáticos; y la apropiación de un teléfono celular y la posterior realización de transferencias electrónicas.
El trabajo de la Fiscalía permitió reconstruir la secuencia de hechos, establecer la autoría de T. D. R. Valquinta – de 26 años de edad - y unificar las distintas investigaciones en un solo legajo, garantizando una respuesta judicial integral.
Calificación legal y pena acordada
Según el encuadre legal consensuado, los hechos fueron calificados como: hurto simple (en varias oportunidades); hurto agravado por utilización de llave verdadera previamente hallada; defraudación (incluyendo hechos en grado de tentativa); y violación de domicilio.
Todos los delitos fueron considerados en concurso real, en carácter de autor.
En cuanto a la pena, las partes acordaron solicitar a la jueza Florencia Maza la condena a un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento , manteniéndose la condición de reincidente del imputado T. D. R. Valquinta.
Una respuesta judicial ágil y coordinada
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que el acuerdo de juicio abreviado constituye una herramienta que permite dar una respuesta rápida y eficiente a hechos delictivos múltiples, evitando la revictimización y optimizando recursos judiciales, sin resignar el análisis exhaustivo de la prueba reunida.
