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REALICÓ | El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa ratificó la condena impuesta a una docente de nivel inicial que se desempeñaba en un jardín de infantes de Realicó. La decisión fue adoptada por el juez Filinto Rebechi, quien intervino de manera unipersonal y desestimó los planteos formulados por la defensa.
De este modo, quedó firme la sentencia que impuso 75 días-multa —equivalentes a $1.415.775—, una prohibición de acercamiento y contacto con los niños afectados por el término de seis meses y una amonestación formal.
La docente, identificada como V. E. F., fue hallada responsable de tres episodios de malos tratos y castigos considerados inmoderados contra cinco alumnos de cinco años que concurrían al Jardín de Infantes Nucleado N° 9 de nuestra localidad.
Durante el juicio se acreditó que el primer hecho ocurrió el 14 de agosto de 2024. En esa oportunidad, la maestra tomó con fuerza del brazo a uno de los niños, lo apartó del grupo y le impidió participar de las actividades recreativas, dejándolo sin recreo.
El segundo episodio tuvo lugar el 20 de agosto. Según se probó en el debate, varios alumnos fueron obligados a permanecer dentro de la sala durante todo el recreo, sentados en el piso y separados entre sí, mientras el resto del curso realizaba actividades al aire libre. Testimonios incorporados a la causa señalaron que la docente elevó el tono de voz hacia los menores y mantuvo una discusión con personal del establecimiento frente a ellos.
El tercer hecho se registró el 21 de agosto. En esa ocasión, la imputada tomó del brazo a uno de los niños, lo empujó con el antebrazo y le impidió salir del aula. Luego lo trasladó “al trote” hasta otra sala, donde lo dejó con un grupo distinto. El episodio fue presenciado por trabajadores del jardín y respaldado por declaraciones coincidentes.
La resolución judicial valoró los testimonios de madres y padres, docentes, preceptoras y personal del establecimiento, así como informes elaborados por profesionales del área psicológica. También se incorporaron entrevistas realizadas a los niños en Cámara Gesell, cuyos relatos fueron considerados claros, coherentes y acordes a su edad.
Los informes técnicos concluyeron que las conductas atribuidas a la docente generaron temor y malestar en los menores, y que las manifestaciones de los niños resultaban compatibles con los hechos investigados. Asimismo, se tuvieron en cuenta descripciones sobre modalidades reiteradas de gritos, aislamiento y castigos, que fueron evaluadas como relevantes para contextualizar la conducta analizada.
En su presentación, la defensa había cuestionado la sentencia al sostener que existió una valoración errónea de la prueba y una vulneración del principio de congruencia y del derecho de defensa. También argumentó que las acusaciones carecían de precisión y respaldo concluyente.
No obstante, el juez Rebechi entendió que los hechos atribuidos estuvieron claramente delimitados desde la acusación fiscal y que la prueba fue examinada de manera integral. En ese marco, concluyó que no se verificó afectación alguna al derecho de defensa, ya que la imputada conocía con exactitud las conductas por las que fue juzgada.
