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Captura del video grabado por una de las hijas. (Se cubrió el rostro por su edad)
GUATRACHE | La situación interna de la comunidad menonita ubicada cerca de Guatraché ha tomado una nueva dimensión pública y judicial. Lo que comenzó como la huida de una mujer denunciando un sistema de sometimiento, se ha transformado en una disputa legal donde el derecho a la protección estatal colisiona con el derecho de los adolescentes a ser oídos.
María Unger Reimer logró abandonar la colonia y radicó una denuncia penal en General Acha. En su exposición, describió un escenario de violencia estructural:
Privación de libertad: Aseguró que las mujeres carecen de acceso a la salud, educación y autonomía económica.
Prohibiciones: Denunció que el régimen interno impide hablar español, manejar dinero o utilizar tecnología bajo amenaza de castigos físicos.
El escape: Calificó su salida como un acto de supervivencia, logrando trasladarse inicialmente a Tucumán y luego a Santa Rosa para buscar el resguardo de sus hijas.
María Unger La mamá de las niñas y denunciante de la causa
Basándose en el principio del Interés Superior del Niño, la jueza de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Tercera Circunscripción, Daniela de la Iglesia, determinó que las hijas de la denunciante deben abandonar la colonia. La justicia asume que el entorno de la comunidad es vulneratorio para las menores y busca garantizarles derechos fundamentales según la Constitución Nacional.
En un giro inesperado, una de las adolescentes utilizó las redes sociales para desmentir el relato de su madre y cuestionar la decisión de la magistrada. Llamativamente lo hizo hablando un perfecto español.
Libertad de acción: La joven afirmó en un video que dentro de la colonia sí tienen derechos: "Si queremos hablar español, podemos. Podemos salir sin el hombre", contradiciendo la denuncia de opresión.
Derecho a ser oídas: Denunció que la jueza no tiene en cuenta su opinión. "Se lo pedimos y no nos escucha. Nos están negando ese derecho. Me siento muy obligada a irme", expresó la menor.
Aclaración sobre presunto secuestro: Desmintió haber sido secuestrada por su padre o allegados, asegurando que fue ella quien pidió regresar a la colonia por voluntad propia al no querer estar con su madre.
El caso pone en jaque al sistema judicial pampeano. Por un lado, la obligación del Estado de intervenir ante presuntos sistemas de violencia de género y aislamiento cultural; por el otro, el protocolo que exige respetar la autonomía progresiva de los adolescentes y su derecho a elegir dónde y con quién vivir. Por el momento, la resolución de convivencia con la madre sigue firme, mientras el conflicto por la identidad y la pertenencia continúa en los tribunales.
