El desplome de la recaudación nacional pone en jaque las finanzas de las provincias y municipios

NACIONALES | El inicio de este 2026 marca una tendencia preocupante para los gobernadores e intendentes de todo el país: los fondos que llegan vía Coparticipación Federal de Impuestos no dejan de caer. Informes de consultoras especializadas como Politikon Chaco y el IARAF confirman que, en términos reales, las provincias están recibiendo entre un 6% y un 8% menos de recursos que en el mismo período del año anterior, lo que genera una "asfixia" financiera que ya se empieza a notar en la paralización de obras públicas y la dificultad para cerrar paritarias.

Los factores del retroceso

Este fenómeno no es casual y responde a una estructura tributaria que hoy se encuentra golpeada por tres frentes:

1. El IVA y la caída del consumo: Siendo el IVA el impuesto que más aporta a la masa coparticipable, su recaudación está directamente ligada a las ventas en los comercios. Con un consumo interno que no logra repuntar, la recaudación por este tributo ha mostrado caídas reales de hasta el 11%. En palabras simples: si la gente no compra, el Estado no recauda y las provincias no reciben su parte.

2. Ganancias y la incertidumbre legislativa: Las sucesivas modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, sumadas a la menor rentabilidad de las empresas en un contexto de recesión, han achatado la recaudación de este impuesto, que es el segundo pilar del reparto federal.

3. La trampa de la inflación: Aunque los montos que ingresan a las cuentas provinciales en pesos son superiores a los de 2025, el incremento nominal queda muy por debajo de la inflación acumulada. Esto genera una pérdida del poder adquisitivo del presupuesto provincial: el dinero alcanza para comprar menos insumos, pagar menos horas de maquinaria o cubrir menos servicios de mantenimiento.

Para provincias como La Pampa, donde la coparticipación representa una parte sustancial de los ingresos corrientes, esta situación obliga a una administración de "economía de guerra", priorizando el pago de salarios y el funcionamiento de hospitales y escuelas, mientras que la infraestructura vial y urbana queda en un segundo plano a la espera de una recuperación económica que aún no asoma en el horizonte.