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NACIONALES | La medida fue sancionada por el Senado el pasado 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra, logrando un consenso clave con sectores de la oposición dialoguista (PRO y UCR) tras elevar el piso original propuesto de 13 años a los actuales 14.
La Ley 27.801 introduce una estructura de penas graduadas que prioriza la resocialización y la educación del menor, basándose en los siguientes ejes:
Baja de imputabilidad: Los adolescentes entre 14 y 18 años serán penalmente responsables por delitos tipificados en el Código Penal.
Sistema de penas alternativas: Para delitos con escalas de hasta 3 años, o hasta 10 años que no impliquen muerte o violencia física grave, el juez podrá aplicar medidas como:
Amonestación y prohibición de contacto con la víctima.
Prestación de servicios a la comunidad.
Monitoreo electrónico.
Pena privativa de la libertad: Queda reservada únicamente para delitos graves (homicidios, robos violentos, secuestros o abusos). Se establece un tope máximo de 15 años de prisión, prohibiéndose de forma taxativa la reclusión o prisión perpetua para menores.
Condiciones de alojamiento: Los adolescentes deberán ser alojados en centros especializados con personal capacitado en niñez, quedando terminantemente prohibida su convivencia con adultos en establecimientos penitenciarios comunes.
La nueva ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante este periodo de transición, se prevé la creación de la figura del "supervisor especializado" para el control de medidas y la adecuación de infraestructuras.
Además, el texto reconoce explícitamente los derechos de las víctimas, quienes tendrán derecho a ser informadas, escuchadas y contar con patrocinio jurídico durante todo el proceso. En términos económicos, se destinó una partida presupuestaria específica de más de 23 mil millones de pesos para garantizar la implementación operativa del sistema en todo el territorio nacional.
