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NACIONALES | El Juzgado N°7 fundamentó su decisión señalando que las cautelares no pueden coincidir con el objeto principal de la demanda, ya que otorgarlas implicaría adelantar el resultado final del juicio sin un análisis profundo de la constitucionalidad de la norma.
El magistrado a cargo de la causa desestimó el pedido de la CGT basándose en tres argumentos técnicos fundamentales:
Inexistencia de "peligro en la demora": El tribunal consideró que los elementos aportados por el sindicato no demuestran que la aplicación de la ley genere un daño inminente e irreparable que no pueda ser resuelto en la sentencia definitiva.
Naturaleza de la medida: Se calificó a la cautelar como una herramienta excepcional que, en este caso, buscaba modificar un estado jurídico ya sancionado por el Congreso y publicado en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo.
Objeto del litigio: El fallo sostiene que hacer lugar a la suspensión sería equivalente a dictar una sentencia anticipada sobre el fondo de la cuestión (la nulidad de los artículos), algo que procesalmente no corresponde en esta instancia.
El eje del conflicto radica en la federalización de la justicia laboral. La CGT argumenta que el traspaso de las competencias desde el ámbito nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires vulnera derechos constitucionales y debilita la protección de los trabajadores. Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene que esta medida forma parte de la modernización del sistema y la optimización de los recursos judiciales.
Pese a este revés inicial, la causa principal sigue su curso. El juzgado ya ordenó al Estado Nacional que presente un informe detallado en el plazo de cinco días para avanzar en el análisis de fondo sobre la validez de la reforma.
