INFOTEC 4.0
Luego de dos intensas jornadas de audiencias, el proceso quedó a la espera de la sentencia. Durante el juicio se escucharon testimonios técnicos, declaraciones familiares y los alegatos de las partes, con pedidos de penas de prisión por parte de la acusación y un planteo de absolución por parte de la defensa.
En los alegatos finales, el fiscal Matías Juan sostuvo que durante la investigación quedó demostrado que Arrigone incurrió en el delito de administración infiel, al realizar maniobras que perjudicaron el patrimonio de la víctima. En función de ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.
La querella, representada por los abogados Pedro Febre y Joaquín Gómez, adoptó una postura más severa al considerar que los hechos encuadran en el delito de abigeato agravado. Los letrados remarcaron el vínculo familiar entre el imputado y la damnificada, señalando que existió un abuso de confianza, por lo que solicitaron una condena de cinco años y ocho meses de prisión.
Durante el juicio se reconstruyó cómo se inició la investigación a comienzos de 2024, cuando una inspección de rutina del SENASA encendió las primeras alarmas. Veterinarios del organismo declararon que al presentarse en el establecimiento rural ubicado en la zona de Arata para realizar tareas sanitarias encontraron un escenario inesperado: según los registros oficiales debían existir cerca de 500 novillos en el predio, pero al recorrer el lugar comprobaron que no había ninguno.
El componente emocional del caso se reflejó con la reproducción en la sala de una entrevista grabada a la damnificada, Nélida Arrigone. La mujer, que tiene casi 90 años y atraviesa un delicado estado de salud, no pudo asistir al juicio. En su testimonio expresó el profundo dolor que le provocó la situación y afirmó sentirse traicionada por su sobrino, a quien había confiado la administración de su campo y su hacienda. De acuerdo con estimaciones realizadas durante el proceso, el perjuicio económico alcanzaría actualmente cerca de mil millones de pesos.
En la segunda jornada declararon los hijos de la víctima, Marcela y José Silvestro, quienes reforzaron la acusación. Ambos señalaron que Arrigone tenía el manejo total del establecimiento rural y de los animales, y describieron el desorden financiero que la situación provocó en la familia. También mencionaron el fuerte impacto moral que implicó descubrir que el presunto responsable del perjuicio era un integrante cercano del entorno familiar.
Antes de los alegatos finales, el propio Arrigone decidió declarar ante el juez Marcelo Pagano, rompiendo el silencio que había mantenido durante la primera audiencia. En su exposición intentó explicar por qué inicialmente manifestó haber vendido los animales durante la inspección realizada por las autoridades. Según relató, en ese momento se sintió presionado por los veterinarios del SENASA y por efectivos de la Policía de Seguridad Rural, quienes le exigían explicaciones ante la ausencia del ganado.
Sin embargo, su defensor particular, Ariel García, sostuvo durante su alegato que en el desarrollo del juicio no se pudo demostrar de manera concluyente que su cliente haya vendido los animales. El abogado argumentó que la única certeza es que la hacienda no se encontraba en el campo al momento de la inspección, pero que no existe prueba directa que vincule al imputado con una operación de venta. En base a ese planteo, solicitó la absolución.
Concluidas las audiencias y escuchadas todas las partes, el juez dio por finalizado el debate oral. La resolución del caso se conocerá el próximo 31 de marzo a las 12 del mediodía, cuando se dé lectura a la sentencia que definirá la responsabilidad del acusado.
