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La jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso, condenó a Carina Anabel Rekofsky, de 48 años, como autora del delito de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude en perjuicio de la Administración Pública, en carácter de delito continuado. La pena impuesta fue de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la administración pública de la provincia de La Pampa.
Además, la magistrada le fijó por el término de dos años una serie de reglas de conducta: establecer domicilio y no modificarlo sin previo aviso al juez de Ejecución Penal, y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras.
La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Juan, junto con la imputada y su defensor particular, Facundo Rossi. En relación con los intereses de la víctima —la Administración Pública Provincial— el Ministerio Público Fiscal prestó su consentimiento al acuerdo y también recabó la opinión del denunciante, un médico del mismo hospital mencionado en los certificados, quien manifestó su conformidad con la solución alcanzada para finalizar el proceso.
De acuerdo con las pruebas reunidas durante la investigación, entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025 Rekofsky, empleada del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, confeccionó treinta certificados médicos falsos que atribuía a un médico cirujano del mismo establecimiento.
Los documentos simulaban en su totalidad la letra, el contenido, la firma y el sello profesional. En ellos se dejaba constancia de supuestas consultas médicas que nunca existieron y se indicaban reposos de 24 horas o más, con distintos diagnósticos. Sin embargo, el profesional mencionado no atendió a la imputada en ninguna de las fechas consignadas ni le prescribió medicación, tratamiento o reposo.
Según se acreditó en la causa, la mujer presentó esos certificados en su lugar de trabajo —el mismo hospital— para justificar inasistencias laborales. De esta manera logró que la administración pública provincial le abonara los salarios correspondientes a los días no trabajados.
El perjuicio económico ocasionado al Estado provincial fue calculado por la Contaduría General de la provincia en 10.890.905,61 pesos.
“Dicho engaño indujo a error a las personas encargadas de gestionar las licencias y liquidar los haberes. Como consecuencia de ese error, la administración pública dispuso el pago de los salarios correspondientes a días en que la imputada no prestó servicios, generando un perjuicio patrimonial efectivo”, señaló la jueza Cardoso en su resolución.
La magistrada agregó que el accionar de la imputada lesionó simultáneamente dos bienes jurídicos: la fe pública y la administración pública, al ocasionar un menoscabo económico al Estado provincial. También destacó la continuidad delictiva, debido al número de maniobras realizadas durante aproximadamente diez meses con el mismo objetivo de justificar inasistencias laborales y percibir salarios.
Finalmente, la jueza ordenó notificar la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
