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El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en la causa que investiga quiénes financiaron los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia, y también pidió acceder a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a quien grabó el video del vuelo a Uruguay. En el Gobierno aseguran tener identificada a la persona, una delegada sindical vinculada a La Cámpora, mientras que el entorno del funcionario desconfía del magistrado y atribuye la rapidez del caso a internas políticas y a aspiraciones personales dentro del ámbito judicial.
La investigación avanzó con la difusión de facturas y documentos que generaron impacto en Balcarce 50. Entre ellos, figura la empresa In House S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandío, como responsable del pago de 4.830 dólares por un vuelo privado a Punta del Este. La Justicia busca determinar si existió un beneficio indebido, ya que la firma mantiene contratos con el Estado en el área que encabeza Adorni.
Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario. El caso se suma a la polémica del video difundido semanas después de haber sido grabado, en un momento político delicado. Ahora, la Justicia intenta reconstruir el circuito del dinero para confirmar el origen de los fondos y si hubo otros aportantes.
