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INGENIERO LUIGGI | El fallo fue dictado por el juez de Control de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en General Pico, Alejandro E. Gilardenghi. La sentencia establece una pena de un año de prisión de ejecución condicional, lo que implica que la acusada no será recluida en un establecimiento penitenciario, aunque deberá someterse a estrictas reglas de conducta durante los próximos dos años para mantener su libertad.
La investigación judicial permitió reconstruir minuciosamente el modus operandi de la imputada. Según consta en el expediente, la maniobra se originó a partir del vínculo laboral que unía a ambas partes: la acusada se desempeñaba realizando tareas de limpieza en el domicilio de la víctima. Aprovechando el libre acceso a los ambientes de la vivienda y la confianza depositada en ella, la mujer logró obtener los datos confidenciales de las tarjetas de crédito de la damnificada.
Una vez con la información en su poder, la estafadora procedió a vincular los plásticos a su propia cuenta personal en la plataforma Mercado Pago. Esta acción le permitió operar de manera "fantasma", realizando consumos que eran cargados automáticamente al resumen de la jubilada de 76 años.
El legajo judicial acreditó una serie de operaciones fraudulentas que se extendieron durante una semana clave, entre el 3 y el 10 de enero de 2025. Durante esos siete días, la imputada llevó adelante un verdadero "raid" de compras que incluyó tanto transacciones virtuales como compras presenciales en comercios de cercanía.
El monto del perjuicio: La suma total de los consumos realizados ascendió a $1.601.635.
Comercios involucrados: La investigación fue contundente gracias al aporte de las cámaras de seguridad de los locales comerciales. Se identificaron compras en el Supermercado Franco y en el local de indumentaria "La Novedad", ambos situados en Ingeniero Luiggi. En estos lugares, la acusada fue registrada adquiriendo alimentos y prendas de vestir utilizando los fondos de su empleadora.
Decenas de operaciones: El fallo encuadró el hecho como delito continuado, dado que no fue una estafa aislada, sino una sucesión sistemática de decenas de transacciones mediante la billetera virtual.
El juez Gilardenghi calificó los hechos como defraudación con tarjeta de crédito en carácter de delito continuado. Si bien la pena impuesta es de cumplimiento condicional, la condenada quedó sujeta a una serie de obligaciones legales que, de ser incumplidas, podrían revocar su situación:
Fijar domicilio: Debe mantener una residencia estable y comunicada a la justicia.
Sometimiento al control judicial: Deberá presentarse ante el sistema de ejecución penal y organismos provinciales de seguimiento de manera periódica.
Prohibición de contacto: Estas reglas buscan garantizar que no se repitan situaciones de vulneración hacia la víctima o terceros durante el plazo de dos años.
Lamentablemente, según detalla la resolución a la que accedió el medio capitalino Diario Textual, la víctima ya había abonado la totalidad de los resúmenes de sus tarjetas al momento de la denuncia, sufriendo un impacto directo en sus ahorros de jubilada. El caso sirve como una advertencia para la comunidad sobre la protección de datos bancarios y la vulnerabilidad de los adultos mayores ante estafas de su entorno cercano.
